Cuando vamos con nuestro turismo a un aparcamiento de la ciudad o centro comercial, el sistema de acceso y facturación está plenamente automatizado: un lector de matrículas identifica el vehículo a su llegada y registra la hora de entrada. A la salida, el mismo sistema calcula el tiempo de estancia y genera un cargo conforme a las tarifas vigentes. Este modelo de transparencia y trazabilidad está completamente asumido por el usuario.
En cambio, cuando se trata de vehículos de transporte de mercancías por carretera que acceden a centros logísticos o grandes almacenes para realizar operaciones de carga o descarga, esta lógica de control no se aplica. Aunque estos transportes están respaldados por un contrato formal reflejado en el CRM correspondiente, lo habitual es que no se registre de forma automática la llegada, el tiempo de espera ni la duración real de las operaciones.
Esta falta de control no responde a un fallo técnico o logístico, sino a una estrategia deliberada para evitar dejar constancia del tiempo de paralización de los vehículos y el correspondiente derecho al cobro por parte del transportista y del chófer asalariado, a quien se le niega la retribución por el tiempo realmente trabajado o en disponibilidad. Así, se elude también el pago de las penalizaciones o indemnizaciones por demoras.
Con frecuencia, estas demoras se producen por la ausencia de recursos organizativos o de personal, especialmente carretilleros, que son los que deben realizar las cargas y descargas. En lugar de asumir esta responsabilidad y el coste que conlleva, los operadores logísticos presionan indirectamente a los chóferes asalariados para que ellos mismos realicen la carga o descarga del vehículo, vulnerando la legislación vigente que lo prohíbe expresamente.
Este abuso se basa en una realidad muy concreta: el chófer asalariado sabe que no cobrará por las horas perdidas en espera, que esas horas no se computarán en su jornada y que su vuelta a casa puede verse retrasada. Por tanto, ante la presión del tiempo y la necesidad de continuar su ruta, muchos conductores optan por realizar personalmente las tareas de carga o descarga, cediendo a una situación injusta que favorece al cargador y vulnera los derechos del trabajador.
Esta situación debe corregirse de forma urgente mediante la implantación obligatoria de mecanismos de control automatizados similares a los utilizados en parkings públicos, que permitan:
.- Registrar la entrada a la llegada y la salida del vehículo del muelle previamente asignado en CMR mediante lector de matrículas y códigos QR.
.- Documentar electrónicamente el tiempo exacto de llegada, inicio y fin de la operación.
.- Identificar electrónicamente y en CMR al operario asignado para la carga o descarga (nombre y DNI del carretillero).
.- Grabar el proceso con cámaras, con emisión de justificante electrónico o ticket.
.- Integrar toda la información en el CRM y en la carta de porte de forma transparente.
Además, se debe establecer por ley que el chófer no pueda asumir funciones de carga o descarga, salvo en los supuestos legalmente establecidos, y que el incumplimiento de esta obligación por parte de la empresa cargadora conlleve sanciones y derecho automático a indemnización por el tiempo de paralización o por los trabajos indebidos realizados.
Estas medidas permitirán proteger de forma real y efectiva al conductor asalariado, evitar prácticas abusivas, y restaurar el equilibrio entre las partes en el contrato de transporte.
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