La interinidad política dificulta aprobar nuevas ayudas al transporte

En el caso del transporte por carretera, el Gobierno optó por mantener la bonificación que se venía aplicando hasta ese momento de 10 céntimos por litro

En el caso del transporte por carretera, el Gobierno optó por mantener la bonificación que se venía aplicando hasta ese momento de 10 céntimos por litro

En las últimas semanas, desde diferentes ámbitos del sector del transporte por carretera se viene manifestando la enorme preocupación por la nueva escalada en los precios de los combustibles que se lleva produciendo en los últimos 3 meses, y que los sitúa, en el caso del gasóleo, en 20 céntimos más caro que los precios que tenía en el mes de junio, y con la previsión de que siga incrementándose en las próximas semanas.

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En este sentido, Fenadismer recuerda que el Gobierno aprobó el pasado mes de Junio un Decreto-Ley de prórroga de las principales medidas económicas y ayudas aprobadas previamente en Diciembre para dar respuesta a las consecuencias económicas derivadas de la guerra en Ucrania. Así, en el caso del transporte por carretera, el Gobierno optó por mantener la bonificación que se venía aplicando hasta ese momento de 10 céntimos por litro, al considerar dicha ayuda “de vital importancia para permitir que estas empresas, constituido en su gran mayoría por microempresas, continúen la senda de recuperación y estabilidad necesaria y sigan operando en el mercado y contribuyendo a dotar al sistema de una oferta de transporte suficiente»» según se recogía en su exposición de motivos.

Sin embargo, el Decreto previó la reducción de dicha bonificación en un 50% a partir del 1 de Octubre, lo que para la federación no parece congruente con la actual situación de escalada de los precios de los combustibles que se prevé que se mantenga hasta final de año.

Pese a ello, Fenadismer considera que la actual situación de interinidad política dificulta la aprobación de nuevas ayudas al transporte, ya que la Ley del Gobierno aprobada en 1997 restringe la capacidad legislativa de un Gobierno en funciones, limitando su gestión “al despacho ordinario de los asuntos públicos, absteniéndose de adoptar, salvo casos de urgencia debidamente acreditados o por razones de interés general cuya acreditación expresa así lo justifique, cualesquiera otras medidas»» por lo que en la práctica previsiblemente habrá que esperar a la conformación de un nuevo Gobierno antes de poder adoptar cualquier medida al respecto.

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