Los funcionarios electos de la Comunidad Europea de Alsacia (CEA) votaron a favor de introducir un impuesto sobre los vehículos pesados de 0,15 euros por kilómetro para los camiones que pesen más de 3,5 toneladas. El objetivo es reducir el tráfico de tránsito, limitar la contaminación y preservar la infraestructura viaria, equilibrando al mismo tiempo el tráfico con Alemania. Sin embargo, esta decisión preocupa a los actores económicos locales, que denuncian un impacto negativo en las empresas, el empleo y los consumidores.
La Comunidad Europea de Alsacia (CEA) ha tomado una decisión importante al aprobar por unanimidad la aplicación de un impuesto a los vehículos pesados, denominado “ R-Pass «», que debería entrar en vigor en 2027. Este sistema impondrá 0,15 euros por kilómetro a los vehículos pesados. camiones de más de 3,5 toneladas que circulan por el eje norte-sur de la región, incluidas las autopistas A35 y A36, así como dos carreteras de conexión con Alemania.
Esta iniciativa tiene como objetivo “ reducir la contaminación atmosférica y acústica, limitar la degradación de las carreteras «» y, sobre todo, frenar el aumento del tráfico de tránsito provocado por el aumento de los impuestos de circulación en Alemania, explicó Frédéric Bierry, presidente de la CEA. De hecho, desde enero de 2024, el impuesto alemán se ha incrementado hasta 0,34 euros por kilómetro, generando un aumento del 30% en el tráfico en las carreteras alsacianas. “ Nuestro territorio se está convirtiendo en una aspiradora para los camiones «», lamenta Frédéric Bierry.
Este proyecto encuentra una fuerte oposición por parte de los actores económicos regionales. Una manifestación que reunió a entre 100 y 150 personas tuvo lugar frente a las instalaciones del CEA en Colmar, mientras que los agricultores arrojaron neumáticos en Estrasburgo para protestar. Augustin Wacq, un agricultor de 29 años, describió el impuesto como “ totalmente innecesario «», argumentando que “sería una carga para las billeteras de alimentos de los hogares «».
La Federación Departamental de Sindicatos de Agricultores del Bajo Rin (FDSEA), así como las Cámaras de Comercio, Agricultura y Oficios de Alsacia, temen una pérdida de competitividad para las empresas locales. Un estudio realizado por la empresa Deloitte estima que el impuesto podría costar a la economía alsaciana 64 millones de euros al año, con la potencial destrucción de 1.500 puestos de trabajo.
A pesar de estas críticas, se está escuchando cierto apoyo. La Federación de Obras Públicas de Alsacia ve este impuesto como una oportunidad para financiar proyectos de infraestructura, como la ampliación de la carretera entre Colmar y Sélestat. El presidente de la CEA también mencionó la posibilidad de “ compensar a todas las empresas «» para limitar los impactos económicos, mientras continúa las consultas un año más.
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