La reciente aprobación de la Orden Ministerial que permite un peso de 44 toneladas para los vehículos de transporte en España ha generado una profunda indignación en el ámbito sindical.
Esta medida, impulsada por el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible, ha sido gestada a espaldas de los legítimos representantes de los trabajadores y trabajadoras, priorizando una vez más los intereses de los grandes lobbies empresariales.
Es inaceptable que una decisión de tal trascendencia para un sector que moviliza a más de un millón de personas trabajadoras se haya tomado sin el más mínimo diálogo social o participación sindical. Una vez más, el Comité Nacional del Transporte por Carretera, un actor que parece gobernar este Ministerio a su antojo, ha sido el único interlocutor, dejando fuera a quienes realmente conocen las implicaciones de estas medidas: los propios trabajadores y sus organizaciones sindicales.
La indiferencia del Ministerio hacia la opinión sindical y las condiciones laborales de las personas trabajadoras es alarmante. Desde la perspectiva de la salud laboral y la prevención de riesgos, esta Orden es un paso atrás. La previsible proliferación de vehículos de gran tonelaje y dimensiones en nuestras carreteras, incluyendo vías convencionales no preparadas, plantea un nuevo y grave desafío a la seguridad vial y la seguridad de terceros.
No podemos olvidar las consecuencias directas de estos cambios:
.- Mayor distancia de frenado: Un riesgo evidente en cualquier situación.
.-Mayor complejidad en las maniobras: Que exigirá más a los conductores y aumentará la probabilidad de incidentes.
.- Impacto severo en las infraestructuras: Nuestras carreteras no están diseñadas para soportar de forma generalizada este elevado peso, lo que generará un deterioro acelerado y costes de mantenimiento que recaerá sobre el conjunto de la sociedad.
.- Reducción de la visibilidad: Estos vehículos de mayores dimensiones comprometen la seguridad del resto de usuarios de la vía.
Esta decisión deja entrever una clara prevalencia del interés económico de las grandes flotas. Con la capacidad de mover millones de toneladas con menos vehículos, se resta capacidad de competencia a las medianas y pequeñas empresas, pilares fundamentales de nuestro tejido productivo. Además, esta lógica contradice directamente la supuesta «falta de conductores», ya que la optimización de cargas se traducirá inevitablemente en una afectación directa a la creación de nuevo empleo en el sector.
Desde CCOO y el Sector de Carretera y Logística de la Federación de Servicios a la Ciudadanía exigimos al Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible que rectifique esta forma de proceder. Instamos a un diálogo real y efectivo con los agentes sociales para abordar las necesidades del transporte desde una perspectiva integral que garantice no solo la eficiencia económica, sino también la seguridad, la salud laboral y la sostenibilidad del empleo en un sector vital para nuestro país. No permitiremos que los derechos y la seguridad de los trabajadores sean moneda de cambio en decisiones tomadas a puerta cerrada.
Se eliminarán los comentarios que contengan insultos o palabras malsonantes.