Leve repunte de los plazos de pago a los transportistas en agosto

Tras varios meses de reducción constante de los plazos de pago a los transportistas, el pasado mes de agosto se produjo un leve repunte frente al mes anterior, situándose en 66 días de media, según los datos extraídos del Observatorio permanente de la morosidad que Fenadismer elabora mensualmente en colaboración con la Fundación Quijote para el Transporte.

En ese mes de las empresas cargadoras e intermediarias que incumplen la legislación sobre morosidad, que representan algo más de la mitad ( en concreto el 54% del total) en el 74% de los casos los excesos de plazo de pago son leves, esto es, entre 60 y 90 días. Sin embargo, en el lado opuesto hay todavía un 11% de empresas incumplidoras que aún pagan de 120 días, aunque inferior al que se producía en 2022 en el que esta franja de incumplimiento se situaba en más del 20%.

En cuanto a los medios de pago que son utilizados más habitualmente para el pago de los servicios de transporte, continúan siendo por este orden la trasferencia (65%), seguido del confirming (29%), el pagaré (5%) y el cheque (<1%). 

Por otra parte, el pasado mes de abril el Parlamento Europeo aprobó en su último plenario su posición en relación al nuevo Reglamento europeo de lucha contra la morosidad, que establecía como regla general la reducción del plazo máximo de pago a 30 días, y el establecimiento de un régimen sancionador para todas los sectores económicos. 

Sin embargo, como consecuencia de las elecciones europeas celebradas el pasado mes de junio su tramitación tendente a su aprobación definitiva ha quedado paralizada estos últimos 4 meses, que ahora se reactiva por parte del gobierno búlgaro, que este semestre ostenta la presidencia de la UE, quien ha planteado al resto de Estados miembro reiniciar su debate este mes de octubre, ya que para la aprobación definitiva del nuevo Reglamento europeo se precisa el acuerdo conjunto del Parlamento Europeo y del Consejo.

Fenadismer confía en que finalmente los Estados miembros consensuen una regulación en esta materia que proteja los intereses y necesidades de la parte más débil en las transacciones comerciales, principalmente autónomos y microempresas, que son las que más sufren las situaciones de abuso que actualmente se dan en materia de morosidad, y que se mantenga el plazo máximo de 30 días como regla general para el pago a los proveedores que acordó el Parlamento europeo.