En una operación conjunta de la Guardia di Finanza de Egna, en la provincia italiana de Bolzano, y la oficina de control del INPS (Instituto Nacional de la Seguridad Social) puso de manifiesto graves irregularidades en cuatro empresas del Tirol del Sur que operan en el sector del transporte de mercancías por carretera, que han tenido multas de cientos de miles de euros.
La operación «Express Drivers», que finalizó el 6 de noviembre, reveló que 69 conductores estaban trabajando sin contrato y 185 eran obligados a trabajar más horas que las establecidas en el contrato. Las empresas, cuyo nombre no se ha hecho público, han sido sancionadas por emplear sistemáticamente trabajadores sin contrato en los servicios de entrega de última milla.
Esta política de gestión de personal, adoptada por las empresas investigadas, tenía como objetivo obtener una ventaja competitiva mediante ahorros ilícitos en costes laborales. Las cotizaciones a la seguridad social impagadas ascienden a casi medio millón de euros, debido a la ausencia de una relación laboral regularmente establecida. Esta situación ha causado graves daños a los trabajadores, que no han podido acceder a ningún tipo de compensación en caso de incapacidad laboral temporal o permanente, ni a acumular derechos para la pensión de jubilación.
Las investigaciones, derivadas de controles en carretera, pusieron de manifiesto una discrepancia entre el número de conductores que indicaban a las mismas empresas como empleadores y el número de trabajadores contratados legalmente por ellas. Esto dio lugar a investigaciones más profundas, que revelaron un uso masivo de trabajadores no contratados y de trabajadores contratados que trabajaban más horas de las declaradas.
Durante el registro de las empresas surgieron otras irregularidades. Diez de los trabajadores «ilegales» recibieron la prestación por desempleo, lo que ha supuesto un daño a las arcas del Estado de más de 40.000 euros. Por ello, se les impusieron sanciones de aproximadamente 135.000 euros. Además, algunos trabajadores, pesar de estar trabajando durante la pandemia, habían sido registrados como beneficiarios del Fondo de Despido por la suspensión de actividades por la emergencia del Covid-19.
La operación ha finalizado con los representantes legales de las cuatro empresas investigados por las autoridades judiciales por competencia desleal, ocultación de registros contables, fraude para obtener fundos públicos e impago de las cotizaciones a la seguridad social. Por todo lo anterior, las multas totales ascienden a más de 600.000 euros.
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