El Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible está trabajando en la elaboración de un Real Decreto para regular los controles de alcohol y drogas en conductores profesionales, tal y como exige la Ley 18/2021.
Este primer documento, presentado por la subdirectora adjunta de Circulación, Ana Blanco, en una reunión técnica el pasado 19 de junio, establece las bases y consideraciones para la elaboración de un futuro marco legal que regule los procedimientos de control de alcohol, drogas y otras sustancias psicoactivas en conductores profesionales de transporte de viajeros y mercancías por carretera, según informa Froet.
Problemática y datos alarmantes
En 2023, 34 conductores de camiones y autobuses fallecieron en accidentes, pero el impacto fue mayor: 584 víctimas mortales y heridos graves en siniestros con vehículos pesados. Un dato preocupante es que el 34% de los conductores profesionales fallecidos en 2022 dieron positivo en alcohol o drogas, principalmente cannabis. Además, una encuesta sectorial reveló que el 11.6% consume alcohol diariamente y el 10.3% cannabis en el último mes.
Novedades legislativas y tecnológicas
La futura regulación establecerá controles periódicos y aleatorios, alineándose con la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, que permite pruebas sin consentimiento si hay riesgo para terceros. Desde julio de 2024, camiones y autobuses nuevos deben incluir interfaz para alcoholímetros antiarranque, como ya exige Francia desde 2015.
Pruebas aleatorias y reducción a 0,2 g/l de alcohol
El futuro Real Decreto establecerá controles obligatorios de alcohol y drogas para conductores de transporte de viajeros y mercancías, junto con otras medidas como pruebas periódicas y aleatorias, la instalación de alcoholímetros antiarranque en camiones y autobuses nuevos y la reducción del límite de alcohol en sangre a 0,2 g/l en 2025.
La normativa, que podría extenderse a taxistas, VTC y mensajeros. Además, se estudia un enfoque progresivo, priorizando sectores como el transporte escolar y mercancías peligrosas, junto con protocolos de sanción y rehabilitación para los casos positivos.
El proceso involucrará a ministerios, sindicatos, asociaciones de transportistas y expertos en seguridad vial. Se analizan modelos europeos, como la autorregulación en Alemania o la estricta normativa en Italia y Polonia.
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