En una carta enviada a los Estados miembros, IRU, la organización mundial del transporte por carretera, insta a los países de la UE a rechazar los objetivos de compra obligatorios de vehículos pesados de cero emisiones para los operadores de transporte, como propone el Parlamento Europeo como parte de la revisión de los estándares de emisiones de CO2 para dichos vehículos.
En noviembre de 2023, el Parlamento adoptó su posición negociadora acerca de la propuesta de la Comisión Europea relativa a las normas de CO2 para vehículos pesados, introduciendo un nuevo artículo que obligaría a la Comisión a presentar una propuesta legislativa para aumentar la proporción de vehículos pesados de cero emisiones en propiedad o alquilados por grandes operadores de flotas.
Para la Directora de Defensa de la UE de IRU, Raluca Marian: “Imponer objetivos de compra obligatorios de vehículos de cero emisiones a los operadores privados sería contrario a los derechos básicos garantizados por la Carta de la UE. El mandato de comprar vehículos de cero emisiones puede no sólo violar el derecho a la propiedad y el derecho a realizar negocios, sino que también puede provocar distorsiones del mercado, ya que la versión del Parlamento prevé que tales restricciones al uso de capital sólo se aplicarán a los grandes operadores. Tanto los operadores de transporte más grandes como los más pequeños tienen márgenes muy reducidos. La obligación de comprar vehículos que potencialmente no son adecuados para su tipo de operaciones y que son dos o tres veces más caros colocaría inevitablemente a algunos actores en desventaja competitiva»».
Además, actualmente existe una falta significativa de infraestructura para combustibles alternativos en toda la UE y el Reglamento sobre infraestructuras para combustibles alternativos sólo será aplicable a partir de este año.
“La compra de vehículos de cero emisiones debe estar respaldada por incentivos financieros para la adopción de nuevas tecnologías y la creación de condiciones propicias, incluida la infraestructura, para hacer funcionar dichos vehículos. Cualquier propuesta que obligue a los transportistas a comprar ciertos tipos de vehículos debe ser rechazada firmemente, ya que equivaldría a una economía controlada por el Estado»», concluyó Raluca Marian.
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