Los sindicatos han presentado una convocatoria de huelga para nuestros trabajadores. Esta situación nos está provocando muchas tensiones no solo con ellos, sino también con nuestros clientes, que quieren garantizar su servicio por encima de todo y es nuestra obligación conseguirlo.
Los empresarios siempre hemos sido conscientes de la necesidad de abordar este problema. Ya en marzo de 2012 firmamos, dentro del II Acuerdo General, la siguiente disposición:
Disposición adicional segunda.
Las partes firmantes de este II Acuerdo general están convencidas de la necesidad y procedencia del establecimiento de un sistema de coeficientes reductores de la edad de jubilación para el colectivo de conductores profesionales, en atención a la mayor penosidad, siniestralidad y peligrosidad de sus condiciones de trabajo, por lo que se comprometen a desarrollar las actuaciones conducentes a tal finalidad.
Ya aceptábamos los coeficientes reductores y ambas partes nos comprometíamos a desarrollarlo. Doce años después (si, 12 años) seguimos igual. Bueno, casi igual, porque para forzar que Administración y Patronales nos movamos, han convocado una huelga.
Otros sectores, como son bomberos, policías, sector minero, trabajadores del mar y pilotos de vuelo, ya lo han conseguido. Posiblemente el taxi y los conductores de ambulancias lo tengan en breve. En el transporte de mercancías por carretera no podemos quedarnos atrás. No nos engañemos: en el concepto estamos todos de acuerdo; el problema es QUIÉN PONE EL DINERO, porque se necesita dinero para hacerlo.
Pero, exactamente, ¿cómo funciona y en que nos va a influir a los empresarios en caso de que vaya adelante? Si nos fijamos en otras profesiones donde ya están desarrolladas, podemos hacer algunos supuestos para hacernos a la idea (todas las cifras que aparecen a continuación son solo ejemplos, usados solo para que entendamos el funcionamiento):
.- Se fija un coeficiente reductor. Si, por ejemplo, se acordase un 0,10, este sería el que se multiplicaría por los años cotizados como conductor para calcular al adelanto de la jubilación. Así, alguien que llevase 20 años cotizados, podría jubilarse 2 años antes de la edad normal de jubilación.
.- Normalmente, se fija un mínimo de años para que sea de aplicación al trabajador. Por ejemplo, con menos de 20 años cotizados, no se puede aplicar.
.- También se puede fijar un máximo en el tiempo de reducción: por ejemplo, aunque tengas más de 35 años cotizados, el máximo tiempo que se puede adelantar la jubilación es de 3,5 años.
.- Se puede hacer progresivo en el tiempo. Por ejemplo, que en 2025 solo le sea de aplicación a los que tengan mas de 35 años cotizados e ir bajando hasta llegar a 20 en los próximos 5 años.
.- La gran pregunta: ¿cómo se paga y cuánto cuesta? Eso debe resultar de un estudio que tiene que desarrollar la administración con todos los factores que influyen en ello (conductores susceptibles de aplicar el cambio y conductores totales sobre los que repercutir el sobrecoste de la medida). Solo a modo de ejemplo, los policías locales, con un coeficiente de 0,2 y sin progresividad en la aplicación, han visto elevadas sus cotizaciones un 10,6 %, de los que los ayuntamientos pagan el 8,8 % y los trabajadores pagan el 1,6 %. Recordemos a este respecto, que la Seguridad Social ya nos hace cotizar por nuestros conductores un 3% más que por cualquier otro trabajador: a este importe hay que exigirle a la administración que nos lo minore de la cuenta resultante.
.- También tendríamos que exigir a la administración medidas concretas y reales para la formación, ya que tenemos difícil, si no es así, el que nos impongan el contrato de relevo. Por ejemplo, que por cada persona que se adhiera al plan, debería dotarse a la empresa de créditos extraordinarios a la formación de manera que fuesen suficientes para poder “pagar el carnet»» a algún desempleado y que se aumente el número de conductores.
Vuelvo al principio: todos estamos de acuerdo con el fondo y los empresarios sabemos que se lo debemos a nuestros conductores, que han dado muchos años de su vida en las carreteras. Por eso, tenemos la obligación de FORZAR A LA ADMINISTRACIÓN a sentarse en una mesa tripartita donde negociar todo lo anteriormente relacionado. Hay muchas variables que pueden minimizar el coste, pero no las vamos a solventar si a los poderes públicos les permitimos seguir mirando hacia otro lado, como si esto no fuese con ellos. Es nuestra responsabilidad.
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