La Comisión de Transportes y Movilidad Sostenible del Congreso de los Diputados ha ratificado la ponencia designada para informar sobre el Proyecto de Ley de Movilidad Sostenible y ha emitido el dictamen correspondiente, marcando un nuevo avance hacia su posible aprobación definitiva en el Pleno del Congreso.
Durante la ponencia se han incorporado cerca de 140 modificaciones, por lo que, en total, la Comisión ha evaluado unas 400 enmiendas vivas. Este trabajo previo ha permitido superar uno de los principales desafíos, la modificación en las competencias autonómicas y asegurar un modelo de gobernanza equilibrado.
Una de las novedades más destacadas es el endurecimiento de las obligaciones a empresas. Las compañías deberán contar, en un plazo de 24 meses, con planes de movilidad a los centros de trabajo. La clave reside en que el texto establecía que estaban obligadas las empresas con más de 500 trabajadores o 250 por turno; y tras aceptar una enmienda transaccional, se ha rebajado a 200 trabajadores y 100 por turno, por lo que impactará en un mayor número de empresas.
Una enmienda transaccional compromete subvenciones para impulsar estos planes de movilidad al trabajo.
Los objetivos vinculantes de mitigación eran otra de las prioridades de los socios habituales. Se ha incluido una enmienda transaccional para actualizar e impulsar la progresiva descarbonización del transporte y la movilidad, de manera que se contribuya a alcanzar la neutralidad climática del transporte en 2050.
Para ello, el PNIEC (Plan Nacional Integrado de Energía y Clima) incluirá objetivos concretos y cuantificables; y serán vinculantes al incremento de las energías renovables y reducción de la intensidad de gases de efecto invernadero en el sector transporte.
Se ha blindado que el Consejo de Ministros no pueda privatizar líneas de transporte público de uso general de viajeros; y se recoge que en los próximos Presupuestos Generales del Estado se disponga una línea de ayudas para la renovación de flotas.
Entre los puntos del proyecto que más discrepancias han generado están:
.- Fomento de electrolineras, incluyendo carga ultrarrápida y agilización de trámites administrativos.
.- Electrificación de puertos y diferenciación legal de licitaciones entre estaciones de recarga eléctrica y combustibles fósiles.
.- Planes de despliegue de puntos de recarga.
.- Planes de movilidad al trabajo: se exigirán únicamente a empresas con más de 500 trabajadores y a los dos años de entrar en vigor.
.- Regulación de autobuses, comercialización de billetes combinados y fomento de autopistas ferroviarias.
Además, aunque la ley sigue centrada mayoritariamente en la movilidad de viajeros, tiene implicaciones importantes para el transporte de mercancías y el sector logístico español. Aspectos como la regulación de autobuses, comercialización de billetes combinados, impulso de autopistas ferroviarias y reducción de trayectos en avión cuando existan alternativas ferroviarias de menos de 2,5 horas están incluidos en el texto.
Próximos pasos
La aprobación de esta norma está directamente vinculada a la concesión de fondos europeos de recuperación, lo que refuerza su relevancia económica y estratégica. Su avance permitirá financiar infraestructuras, proyectos de innovación y medidas de electrificación del transporte, alineando a España con objetivos medioambientales europeos.
Con la Comisión dando luz verde, el siguiente paso es el debate y votación en el Pleno del Congreso, previsto para principios de octubre.
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