Este es el texto de la Proposición no de Ley presentada en el Congreso de los Diputados por el partido político Sumar, instando al Gobierno de Pedro Sánchez a realizar una auditoria sobre la situación laboral de los conductores y conductoras profesionales y otras personas trabajadoras en el transporte por carretera, incluyendo el derecho a la jubilación y el reconocimiento de los coeficientes reductores.
«A la Mesa del Congreso de los Diputados:
El Grupo Parlamentario Plurinacional SUMAR, de conformidad con los artículos 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente Proposición no de Ley sobre las condiciones de trabajo y acceso a jubilación de las personas trabajadoras del transporte en carretera y otras personas trabajadoras del sector en carretera, para su debate en la Comisión de Transportes y Movilidad Sostenible.
Exposición de motivos:
El sector del transporte en carretera en nuestro país presenta en los últimos años ciertas dificultades para el reclutamiento de nuevas personas trabajadoras tanto asalariadas como autónomas. La dureza de las condiciones laborales así como posibles incumplimientos de la normativa por parte de algunos empleadores podrían darnos una explicación clara de las dificultades que enfrenta el sector para la contratación de nuevos profesionales.
Siendo normal la optimización de recursos por parte de la empresa, lo cierto es que la búsqueda de eficiencia ha sobrepasado en varios casos los límites del fraude laboral. A pesar de las limitaciones horarias establecidas por ley, algunos profesionales relatan que el trabajo de hasta 15 horas laborales diarias no es una anomalía en el sector.
En ese sentido, determinados empresarios remuneran el trabajo por kilómetro en lugar de por horas trabajadas excluyendo, en consecuencia, las horas de espera durante la estiba de los vehículos o las necesarias pausas en la conducción. Algo que podría ser fácilmente controlable puesto que la jornada queda registrada en una tarjeta que marca el inicio y final de la misma. Además, a menudo las jornadas mínimas de descanso establecidas por ley no se cumplen.
A los fraudes horarios denunciados se suma la dureza de la profesión que comprende otro tipo de abusos. Algunos profesionales de la carretera se ven forzados a realizar tareas fuera de su contrato y para las que en ocasiones no están preparados como la carga y descarga de sus vehículos. La dureza de las condiciones y la exigencia física de las tareas, sin olvidar el estrés mental de la atención que requiere estar muchas horas al volante, se manifiesta en la salud de muchos transportistas.
Son normales las enfermedades del sistema musculoesquelético como la artrosis, la lumbalgia y diversos dolores crónicos, así como problemas de obesidad, hipertensión arterial, enfermedades cardiovasculares, depresión, ansiedad y estrés.
No está de más recordar que el fraude laboral del sector tiene un impacto directo tanto en las arcas de la Seguridad Social como en el de la Hacienda Pública. Es necesario investigar las condiciones laborales de las personas transportistas, conductoras de autobús y otras trabajadoras de servicio en carretera para evitar cualquier competencia desleal dentro del mercado y por una razón esencial de justicia con las personas trabajadoras del sector.
En el mismo sentido, la dureza de las condiciones laborales y la merma de las condiciones físicas de las personas trabajadoras del sector debido a la naturaleza penosa de su trabajo merecen ser estudiadas por si fuera de aplicación el artículo 206 del Real Decreto Legislativo 8/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Plurinacional Sumar presenta la siguiente Proposición no de Ley
«El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
1. Realizar una auditoría de la situación laboral de las transportistas y otras personas trabajadoras del sector en carretera a través de las Inspección de Trabajo para garantizar los derechos laborales de sus trabajadores, asegurar la continuidad del sector ante sus dificultades de reclutamiento y comprobar que la competencia en el sector se rige con el debido respeto a la ley evitando todo dumping social.
2. Seguir avanzando, en el marco del diálogo social, en la adaptación del marco regulador establecido en el Real Decreto 1698/2011, de 18 de noviembre, por el que se regula el régimen jurídico y los procedimientos para establecer coeficientes reductores y¡ anticipar la edad de jubilación en el Sistema de la Seguridad Social, de aquellas actividades profesionales de naturaleza excepcionalmente penosa, tóxica, peligrosa o insalubre».
Palacio del Congreso de los Diputados, 25 de junio de 2024.—Félix Alonso Cantorné, Diputado.—Aina Vidal Sáez, Portavoz del Grupo Parlamentario Plurinacional SUMAR.
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