La Oganizarion Internacional del Transporte por Carretera (IRU), ha acogido con satisfacción la revisión de las normas que rigen para las pequeñas cantidades de ayuda que los Estados miembros de la UE pueden conceder a las empresas sin la autorización de la Comisión Europea.
Además de una muy necesaria indexación del importe conocido como «minimis», las enmiendas corrigen una injusticia histórica, eliminando los límites a las ayudas de minimis para los operadores de transporte de mercancías por carretera, otorgándoles los mismos derechos que otras empresas de la UE, según ha informado hoy la organización internacional en un comunicado de prensa.
Resaltan que en la tan esperada revisión, la Comisión Europea ha aumentado la cantidad de minimis de 200.000 euros por empresa durante un período de tres años a 300.000 euros. Esto se aplica a toda la economía. En el sector del transporte por carretera, si los Estados miembros liberan los fondos, cualquier operador activo en la movilidad de personas y mercancías podrá acceder a ellos.
Además de la muy necesaria indexación, la revisión pone fin a una discriminación específica contra las empresas que se dedican al transporte de mercancías por carretera. Durante más de 30 años desde la creación del sistema de minimis, el importe máximo de la ayuda de minimis concedida a un único operador de transporte de mercancías se limitó a la mitad del importe fijado para otros tipos de empresas. Además, las normas anteriores excluían la utilización de ayudas de minimis para la renovación de la flota.
Según lo defendido por la IRU, las nuevas normas permiten ahora a los transportistas de mercancías por carretera beneficiarse de ayudas estatales de minimis con arreglo a las mismas normas que otras empresas, con un límite máximo aumentado de hasta 300.000 euros durante un período de tres años y sin límite alguno en el alcance de la ayuda.
Raluca Marian, directora de promoción de IRU en la UE, afirmó que: “La Navidad llegó temprano este año para la industria del transporte por carretera de la UE. La Comisión Europea ha reconocido con razón que los argumentos esgrimidos para fijar un límite máximo más bajo para nuestra industria ya no son válidos. Cuando se trata de pequeñas cantidades de ayuda, los operadores de transporte ahora pueden confiar en un marco justo de la UE que les permita recibir apoyo de los Estados miembros del mismo modo que cualquier otra empresa. Para una empresa de transporte, esto significa el triple de lo que antes era posible. El operador medio de transporte por carretera es una pequeña empresa con márgenes muy reducidos. Pero las inversiones necesarias para la transición verde son grandes. Las empresas de la UE se enfrentan a importantes necesidades de inversión en vehículos de cero emisiones, que cuestan entre dos y tres veces más que los vehículos diésel. Si bien la revisión no libera automáticamente los fondos necesarios, crea el marco para que los Estados miembros actúen sin restricciones por debajo de los nuevos umbrales y abran nuevas vías de descarbonización para la industria»».
El objetivo
La ley fundamental de la Unión Europea, el Tratado de Funcionamiento de la UE, generalmente prohíbe las ayudas concedidas por un Estado miembro a empresas debido a la presunción de que dichas ayudas falsean o amenazan falsear la competencia al favorecer a los beneficiarios de la ayuda.
La Comisión Europea puede aprobar medidas de ayuda estatal si determina que se cumple una serie de criterios que invalidan la presunción. Sin embargo, el proceso de notificación es largo y el resultado incierto, lo que llevó a la UE a establecer un sistema de regulaciones de exención por categorías (BER). Los BER prescriben ciertas condiciones que, si se cumplen, permiten automáticamente medidas de apoyo sin tener que notificar a la Comisión Europea. La razón del REC de minimis es que el importe de la ayuda es tan pequeño que no podría distorsionar la competencia dentro del mercado interior. La Comisión creó la política de minimis en 1992 para beneficiar a las pequeñas y medianas empresas.
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