Apenas cuatro meses después de que la UE acordara normas vitales para proteger a las personas y al planeta, la Comisión Europea ha lanzado un paquete ómnibus de simplificación en dos partes, en nombre de la competitividad, que al mismo tiempo socava estas normas y anula el proceso democrático del que surgieron.
Desde que la Comisión anunció su intención de proponer un paquete ómnibus que «racionalizaría» la legislación y mejoraría la competitividad europea en enero, la sociedad civil ha anticipado su propuesta con gran preocupación. El resultado es peor de lo que pensábamos
La primera parte de este paquete -Ómnibus I- apunta a la Directiva sobre diligencia debida en materia de sostenibilidad corporativa (CDSD), la Directiva sobre información corporativa sobre sostenibilidad (CDSR) y la Taxonomía de la UE.
En lugar de mejorar la claridad, esta propuesta desmantela elementos centrales de estos pilares clave del Pacto Verde y las prácticas comerciales responsables.
En la conferencia de prensa de hoy, el Comisario Valdis Dombrovskis enmarcó abiertamente las protecciones para las personas y el medio ambiente como obstáculos para las ganancias corporativas, dejando claro que este paquete está diseñado para debilitar la responsabilidad corporativa y facilitar un enfoque de ganancias a toda costa para las empresas.
Al eliminar leyes esenciales de sostenibilidad, la Comisión está haciendo retroceder a Europa en un momento en el que se necesita urgentemente una mayor responsabilidad empresarial
Faustine Bas-Defossez, directora de Naturaleza, Salud y Medio Ambiente de la EEB, afirmó: «Ahora está claro que la ‘simplificación’ no es más que un caballo de Troya para una desregulación agresiva. El paquete ómnibus de simplificación no es sólo un ataque a la responsabilidad medioambiental de las empresas, es un golpe a la democracia. En sólo cuatro meses, la Comisión ha reescrito las normas acordadas en la UE sin ningún proceso democrático, evaluación de impacto o consulta. Todo ello sin una pizca de prueba de que estas normas aún por implementar perjudicarían la competitividad. Lo que sí crea este paquete, sin embargo, es incertidumbre jurídica, recompensando a los rezagados mientras penaliza a las empresas que se adelantaron a la hora de controlar e informar sobre su impacto medioambiental».
Conclusiones clave
El Pacto Verde bajo ataque: apenas unos meses después de su adopción, la Directiva sobre diligencia debida en materia de sostenibilidad corporativa (CDSDD) está siendo desmantelada, debilitando la responsabilidad corporativa en lugar de aclarar las reglas a través de orientaciones.
Acuerdos secretos, sin democracia: la Comisión evitó la consulta democrática y, en su lugar, llevó a cabo una llamada “verificación de la realidad» con los principales actores corporativos, eludiendo a la sociedad civil y a las partes interesadas clave. La definición de “partes interesadas» se ha reducido a aquellas “directamente afectadas», lo que reduce el compromiso de las empresas con las comunidades y los trabajadores afectados.
Justicia denegada: la propuesta debilita la diligencia debida corporativa por debajo de los estándares internacionales, eliminando la responsabilidad civil obligatoria y limitando la aplicación de las sanciones. Las ONG y la sociedad civil tienen prohibido presentar demandas representativas, lo que obliga a las víctimas de abusos corporativos a navegar solas por sistemas legales complejos. La Comisión también propone eliminar la multa mínima del 5 % por facturación neta mundial, dejando la aplicación de las sanciones a los estados de la UE.
La rendición de cuentas se reduce: la debida diligencia ahora se limita a los proveedores directos, ignorando los riesgos en toda la cadena de suministro a menos que las empresas ya tengan información confiable. Los proveedores pequeños (menos de 500 empleados) están completamente exentos.
Planes climáticos sin acción: los requisitos para los planes de transición corporativa se han despojado de contenido. No hay hitos claros, objetivos basados en la ciencia ni acciones clave de descarbonización que las empresas deben adoptar, lo que convierte todo el proceso en un ejercicio de presentación de informes intrascendente.
Se eliminarán los comentarios que contengan insultos o palabras malsonantes.