La ministra de Trabajo y Economía Social y Vicepresidenta Segunda del Gobierno Yolanda Díaz, está a la búsqueda de nuevos sectores productivos que regular e inspeccionar, como las nuevas exigencias ecologistas, costes energéticos o fiscales, ahora le puede tocar también al transporte por carretera, tanto de mercancías como de viajeros.
La semana pasada el medio de información Libre Mercado, apuntaba que Yolanda Díaz, tiene sobre su mesa una Proposición no de Ley de Sumar, (la puedes leer al final de la noticia), que también ha sido presentado en Congreso de los Diputados, pendiente del respaldo de la Vicepresidenta Segunda; este informe considera que se han de realizar inspecciones de trabajo masivas sobre las empresas de transporte por carretera de los dos sectores, ya que considera que su modelo laboral es «abusivo».
Esta proposición de Sumar defiende que hay que «realizar una auditoría sobre la situación laboral de los conductores profesionales y otras personas trabajadoras del sector en las carreteras, por medio de la Inspección de Trabajo para garantizar los derechos laborales de sus trabajadores, con el objetivo de asegurar la continuidad del sector ante sus dificultades de reclutamiento y comprobar que la competencia en el sector se rige con el debido respeto a la ley, evitando todo el dumping social».
Ora media que propone Sumar es «seguir avanzando, en el marco del diálogo social, en la adaptación del marco regulados que establece el Real Decreto 1968/2011 de 18 de noviembre, por el que se regula el régimen jurídico y los procedimientos para establecer coeficientes reductores y anticipar la edad de jubilación en el Sistema de la Seguridad Social, de aquellas actividades profesionales de naturaleza excepcionalmente penosa, tóxica, peligrosa o insalubre».
Sumar se basa en su propuesta en que «el sector del transporte en carretera en nuestro país presenta en los últimos años ciertas dificultades para el reclutamiento de nuevas personas trabajadoras tanto asalariadas como autónomas». «La dureza de las condiciones laborales así como posibles incumplimientos de la normativa por parte de algunos empleadores podrían darnos una explicación clara de las dificultades que enfrenta el sector para la contratación de nuevos profesionales».
Además, la Proposición no de Ley considera que: «A pesar de las limitaciones horarias establecidas por ley, algunos profesionales relatan que el trabajo de hasta 15 horas laborales diarias no es una anomalía en el sector. En ese sentido, determinados empresarios remuneran el trabajo por kilómetro en lugar de por horas trabajadas excluyendo, en consecuencia, las horas de espera durante la estiba de los vehículos o las necesarias pausas en la conducción». «A los fraudes horarios denunciados se suma la dureza de la profesión que comprende otro tipo de abusos. Algunos profesionales de la carretera se ven forzados a realizar tareas fuera de su contrato y para las que en ocasiones no están preparados como la carga y descarga de sus vehículos».
«No está de más recordar que el fraude laboral del sector del transporte por carretera tiene un impacto directo tanto en las arcas de la Seguridad Social como en el de la Hacienda Pública. Es necesario investigar las condiciones laborales de las personas que trabajan como conductoras de camión, conductoras de autobús y otras trabajadoras de servicio en carretera para evitar cualquier competencia desleal dentro del mercado y por una razón esencial de justicia con las personas trabajadoras del sector», concluye la proposición de Sumar.
Si esta Proposición no de Ley de Sumar presentada en el Congreso de los Diputados, del que tiene la responsabilidad la ministra de Trabajo y Economía Social Yolanda Díaz, se lleva a la práctica y comienzan a realizarse inspecciones de trabajo en las empresas de transporte de mercancías y viajeros, provocará una auténtica revuelta en un sector que siempre ha evitado que los gobiernos entren a fondo a inspeccionar su actividad, por lo que veremos como reaccionan las asociaciones patronales del transporte por carretera, y si tiene algún eco en las demandas de los sindicatos mayoritarios, ahora que amenazan con una huelga general de conductores profesionales de camiones y autobuses, ante la negativa del ministerio de Yolanda Díaz y del gobierno de Pedro Sánchez de reconocer el derecho a la jubilación a los 60 años de los conductores y conductoras profesionales, junto con el reconocimiento de los coeficientes reductores y la indiferencia gubernamental de declarar el trabajo de estas personas como una actividad de riesgo. Estaremos atentos a lo que pueda acontecer sobre todo lo anterior.
En Este enlace se puede leer la: Proposición no de Ley presentada por Sumar en el Congreso
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