El pasado 19 de abril se celebró una conferencia en Bruselas a la que asistieron representantes de todos los países en la Unión Europea, se trataron los problemas actuales en el transporte por carretera como el cabotaje ilegal y el problema de los trabajadores desplazados, lo que esta provocando el dumping social en el transporte.
Durante esta reunión se destacó que en el marco actual el problema del cabotaje es algo muy difícil de interpretar a nivel europeo. Por lo que se hace necesaria una revisión de los textos legales con el objetivo de mejorar las leyes existentes y para conseguir regular el mercado actual del transporte por carretera en Europa. Algo que es muy necesario.
Los representantes de la asociación francesa UR pusieron su punto de mira en las empresas de los países de Europa del Este, ya que en la actualidad su funcionamiento se basa en la realización continua de cabotaje ilegal, para el que emplean trabajadores de esos países. Los cuales se pasan meses enteros en los camiones sin regresar a sus países, con sueldos de sus países de origen, mientras que las empresas de Europa Occidente cumplen las leyes laborales y salariales, con un mayor coste económico, mientras tienen que contemplar como pierden trabajo y presencia en el mercado del transporte.
Se da la circunstancia de que algunos países ven con buenos ojos las posiciones que han tomado países como Alemania y Francia con respecto a los trabajadores desplazados, por lo que la asociación UR pide que las legislaciones de estos dos países se extienda a toda la Unión Europea. Aunque recientemente la Comisión Europea señaló que el establecimiento en el Reino Unido de una pegatina en los camiones que identificara a los camiones extranjeros era un obstáculo y una discriminación hacia los trabajadores extranjeros.
Por otra parte, la Federación Nacional de Empresas de Transporte de Francia (FNTR) también manifestó recientemente su posición sobre el problema de los trabajadores del transporte desplazados a nivel europeo, afirmando que es urgente la revisión de las legislaciones en toda la U.E. sobre los trabajadores desplazados y sobre el control de cabotaje en el sector. La UR considera que el dumping social debe ser detenido inmediatamente con la aplicación de las leyes europeas, utilizando como salvaguarda interna del mercado las actuales leyes que permiten suspender por un periodo de seis meses todas las operaciones de cabotaje en Francia, hasta que se alcance una solución a este problema en Bruselas.
Mientras tanto las organizaciones empresariales piden a los gobiernos que pongan en practica las peticiones formuladas ya que consideran que tienen que ser un primer paso necesario para el despliegue de los controles en el transporte por carretera en la U.E. que puede servir como ejemplo para acciones futuras con las que conseguir un transporte mas equilibrado.
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