Opinión

La inoperancia del sistema judicial. La opinión de Fernando Guillén

Esta situación provoca en la práctica que cualquier legislación acaba en papel mojado, incluso es indiferente que existan sentencias del Tribunal Supremo
Foto de archivo
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La inoperancia del sistema judicial. La opinión de Fernando Guillén

Quizá el más grave problema que enfrentamos los trabajadores, tanto del transporte como de cualquier otro sector, es la enorme inoperancia y lentitud de los sistemas judiciales y de inspección. Esta situación provoca en la práctica que cualquier legislación acaba en papel mojado, incluso es indiferente que existan sentencias del Tribunal Supremo; los empresarios y las mutuas se las pasan por el forro de sus caprichos, sabedores de que pasaran años antes de obtener resoluciones firmes favorables, y confiando por tanto en forzar acuerdos extrajudiciales o incluso abandonos.

A esto se le une que al estar muchos trabajadores fuera de los sindicatos no se pueden permitir largas peleas judiciales que cuestan una pasta. A las empresas no les preocupa, para eso se "sindican" en sus asociaciones que les proporcionan el necesario respaldo legal.

No es de recibo que un procedimiento de Inspección de Trabajo tarde meses en resolverse, y mucho menos que la acción judicial ante el Juzgado de los Social de turno se demore un año, y como sea recurrida la sentencia, contar con otro año, o dos, hasta el pronunciamiento definitivo. Esto vuelve la legislación imperante, y las medidas disuasorias que fuerzan su cumplimiento dejan de ejercer su papel.

El sector del transporte es además el sector con más piratas por metro cuadrado junto con el de la hostelería, y fuente por tanto de continuos conflictos: la violación de los derechos sindicales con el despido, en muchas ocasiones, de cualquier que ose desafiar al "jefe" presentándose en una lista sindical, o que tan siquiera se atreva a abrir una sección sindical, y eso cuando no se sufre el acoso continuo, junto con, es lamentable, el desprecio de los compañeros que no dudan en tildar de "rojo y comunista" a cualquiera que ose reclamar los derechos que en justicia le corresponden. Somos así de imbéciles y subnormales.

He dirigido una carta al Ministerio de Trabajo en este sentido, que os dejo aqui:

"Buenos días. Me dirijo a ustedes nuevamente con la finalidad de mostrar mi inquietud por la lentitud e inoperancia de dos organismos fundamentales en la resolución de los conflictos laborales, la Justicia y la Inspección de Trabajo.

Llevo tiempo sindicado, asesoro a mis compañeros lo mejor que sé y que puedo, en un entorno de una enorme complejidad legislativa como es el del transporte de mercancías por carretera, y cuando consigues que alguien curse una denuncia o que defienda sus derechos en un juzgado, nos encontramos con una enorme lentitud en la respuesta administrativa, se tardan meses en procesar un acta de infracción por parte de la Inspección de Trabajo, y esto la hace completamente inoperante. 

En el caso de los juzgados, el problema es todavía peor: puedes tardar hasta un año en ver un juicio en primera instancia que aun encima se puede recurrir a una instancia superior con lo que te metes en otro año, o dos, para solventar un despido o una irregularidad grave. Muchas veces estos despidos son consecuencia del ejercicio de la libertad sindical, y otras veces por simplemente exigir el cumplimiento de la normativa o no poner en peligro tu vida ante órdenes del empresario.

Claro, cuando la sentencia es firme han pasado dos, tres años, tu ya te has buscado otro trabajo, el empresario muchas veces se ha declarado insolvente y ha abierto otra empresa con otra denominación social diferente... y no pasa absolutamente nada. La impotencia es absoluta, y esta situación deja en papel mojado cualquier normativa reguladora, cualquier acción legislativa, porque esta acción legislativa depende, siempre, de la capacidad de supervisión, y coacción llegado el caso, de la actividad inspectora y la judicial, si estas dos ramas no funcionan, todo el árbol se viene abajo.

Comprendo que no es su competencia el tema de justicia, y comprendo la situación de saturación de la Inspección, pero algo hay que hacer. Por ejemplo, trabajar con Justicia para que las salas de lo Social resuelvan con mayor rapidez y que además, en tanto no se resuelva cualquier recurso, adquieran firmeza. No se muy bien las soluciones, pero cuando estas cosas no funcionan, el desánimo y la sensación de impotencia y de que hay que tragar con todo, crece.

Un ejemplo de lo que digo es la sentencia que adjunto, donde en un accidente laboral con resultado de muerte que acontece en 2017 se viene a resolver en noviembre de 2021, incluso amonestando a los abogados recurrentes obligándoles al pago de una sanción porque recurren algo que no se debe recurrir al existir jurisprudencia del Supremo, y todo para evitar el pago de las indemnizaciones correspondientes, y esto sucede dia si, dia tambien, sin que nadie haga absolutamente nada, por ejemplo en este caso ¿se dan cuenta de la situación en que quedó la familia del trabajador nada menos que durante cuatro años?¿Les parece de recibo?¿no creen que debe legislarse para evitar esta situaciones que son continuadas?. Curiosamente, al mismo tiempo que se hace pública esta sentencia, el responsable de la empresa del trabajador fallecido se lamentaba de la falta de conductores en un artículo de La Voz de Galicia.

Esta sentencia es un ejemplo, desgraciadamente, las hay por docenas. Gracias por su atencion"

Se adjunta la sentencia en cuestión que también os dejo aquí.  La sentencia

Pero es que no solo es la inoperancia de los servicios de Inspección y Judiciales, sino también los propios representantes políticos, que legislan medidas pero no establecen sistemas de control, como el famoso "paquete de movilidad".

Solucionar todo esto es quizás incluso más urgente que la jubilación a los 60, porque si no se puede obligar a cumplir la ley ¿de que vale la ley?.

¡¡Buena ruta!!.

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