Opinión

Proyecto de Ley de Movilidad Sostenible; consideraciones generales. Fernando J. Cascales

El derecho a la “movilidad”, está contemplado tanto en nuestra Constitución española (arts.19 y 139.2), como en el Tratado de Funcionamiento de la UE
Imagen de pasajeros de un autocar. Foto de archivo
Imagen de pasajeros de un autocar. Foto de archivo
Proyecto de Ley de Movilidad Sostenible; consideraciones generales. Fernando J. Cascales

Como es sobradamente conocido, la materia del “Transporte y Movilidad Sostenible” está regulada, en la actualidad, en el Capítulo III (arts.93 a 104) de la Ley 2/2011, de 4 de marzo, de Economia Sostenible, cuyos preceptos (Planes de movilidad sostenible, etc) han sido prácticamente inaplicados tanto por el Estado como por las CCAA. Como  igualmente ha sido infringida la Disposición adicional decimonovena. de la Ley de Economía Sostenible (tal y como resaltó la CEOE en su Memorándum sobre el Sector del Transporte en España de 2010), a cuyo tenor: “En el plazo de seis meses desde la aprobación de esta Ley, el Gobierno presentará a las Cortes Generales un Proyecto de Ley de Movilidad Sostenible que sentará las bases para fomentar la accesibilidad y la movilidad sostenible, reforzar la seguridad del tráfico de personas y mercancías y reducir las emisiones de gases de efecto invernadero.” 

El derecho a la “movilidad”, está contemplado tanto en nuestra Constitución española (arts.19 y 139.2), como en el Tratado de Funcionamiento de la UE (libre circulación de personas/Titulo IV-arts.45 a 48 y libre circulación de mercancías/Título II-art.28), en la Carta de los Derechos Fundamentales de la UE, que lo condiciona al medio ambiente (arts.37 y 45), y en el art.13 de la Declaración Universal de Derechos Humanos. Este derecho, por lo que al transporte se refiere, en la UE, dentro de su “politica común de transporte”, viene en la actualidad conceptuado como “política de transporte sostenible y digital.

Mucho he escrito y conferenciado sobre este proyecto de Ley, que al retomar con la nueva Legislatura su tramitación, pondero que, aunque sea sucintamente, debe de ser nuevamente objeto de las mismas consideraciones generales que, por otra parte, ya años antes de que este proyecto se redactase, he venido explicitando sobre la materia de la “movilidad sostenible”, y así: - conferencia en la Universidad de Murcia de 14.11.2007 – conferencia en el I Foro de la Movilidad en Murcia de 17.6.2010. - conferencia en FAES de 19.10.2011. – conferencia en el I Congreso de Movilidad del Instituto de Movilidad, de 4.2020. – conferencia sobre el proyecto de Ley de movilidad sostenible en el Colegio de Abogados de Madrid de 3.2023. – artículos sobre el proyecto de Ley de Movilidad Sostenible (revista del Economista Movilidad y Transporte de 18.12.2021, 9.3.2022 y 10.5.2023, Diario de Transporte de 3.2022, revista Tráfico y Seguridad Vial-Sección Transportes de 3.2022, y revista Carril Bus de 3.2022).

En primer lugar, hay que señalar que la aprobación de una Ley de Movilidad Sostenible es una de las muchas propuestas que el Gobierno ha comprometido para recibir los fondos UE del “Mecanismo de Recuperación y Resiliencia”, circunstancia que debe de ser relacionada con las siguientes afirmaciones: a) que la materia de la movilidad, que no solo incluye al transporte, es en su casi totalidad de la competencia exclusiva de las CCAA y Corporaciones locales. b) que la mayoría de las CCAA cuentan con sus propias leyes de movilidad. c) que, en consecuencia, toda ley estatal sobre la movilidad, prácticamente en su totalidad no puede sino establecer principios y objetivos generales, que no derecho positivo que obligue a dichas CCAA y Corporaciones locales.

Pues bien, tal y como he venido resaltando en dichas conferencias y publicaciones, la materia de la “movilidad”, como así han significado, entre otros, los profesores Antonio Martinez Nieto, Ángel Fernández-Aller, etc., ha de sumar una gran variedad de cuestiones en su regulación (urbanismo, vivienda, infraestructuras, etc.), siendo el resultado de integrar no solo todas estas materias, sino las cuestiones ambientales con todos los sistemas de transporte, de modo que se supere la mera gestión, con especial atención a la planificación coordinada de todos los elementos que contiene el verdadero concepto, muy amplio, de la “movilidad”.  

Es de acuerdo con ello, que no puede sino advertirse que el proyecto de Ley de Movilidad Sostenible, es incompleto, al no abarcar todas las cuestiones y componentes que contiene la “movilidad” (concepto mucho más amplio que el del transporte), debiendo, a mi juicio, también resaltarse, que materias tan actuales y esenciales, como la “España vaciada”, la distribución de mercancías en las grandes ciudades, la intermodalidad, la planificación y definición de las infraestructuras, el urbanismo, etc., bien están ausentes del proyecto, bien la ordenación que se contiene es incompleta. Por ello, bajo mi consideración, pondero que el proyecto de Ley, si bien constituye un avance respecto de la normativa actual, es un texto muy parcial, que debería de ser objeto de una profunda revisión, contando con expertos en todas las materias que, en definitiva, son las que suman y componen el concepto global de la “movilidad”, que ha de ser “sostenible.”

En especial, y por lo que al transporte público por carretera se refiere, aunque  existen numerosas cuestiones sobre las que disentir (como así expuse en la Jornada, más atrás indicada, celebrada en el Colegio de Abogados de Madrid), que en su mayor parte he explicitado en los referenciados artículos publicados, solamente, por su especial relevancia, referir dos cuestiones esenciales: a) respecto del diseño y consiguiente aprobación del “mapa concesional” (líneas regulares de transporte público de viajeros por carretera), como así vengo proponiendo desde hace dos décadas en distintas publicaciones, no puede ni debe perderse la oportunidad de crear un “mapa concesional en red”, esto es, que la líneas de cada Comunidad Autónoma estén conexionadas entre sí, y que éstas, a su vez, lo estén con las de las Comunidades vecinas, y todas ellas con las de competencia estatal. No puede ni debe desaprovecharse la oportunidad de optimizar la amplia red concesional española, por ser ello de gran provecho tanto para los usuarios-ciudadanos, como para la rentabilidad de los servicios que se prestan. b) en cuanto al transporte de mercancías por carretera, si bien el proyecto de Ley no contempla el establecimiento de peajes en las autovías, considero que las materias de las distintas regulaciones del acceso a las zonas de bajas emisiones, así como relativas a la distribución en las grandes urbes de las mercancías, son cuestiones que deberían de tener un tratamiento específico y completo.

Autor: Fernando José Cascales Moreno: Abogado. Académico. Del Cuerpo Técnico de Inspección del Transporte Terrestre. Ex Director General de FFCC y Transportes por Carretera, y del INTA. Ex Presidente del Consejo Superior de Obras Públicas y de INSA. Ex Inspector General de Servicios Ministerio Transportes, Turismo y Comunicaciones.

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