El pasado apagón en la península ibérica (lunes 28 de abril de 2025) fue una interrupción generalizada del suministro eléctrico, que puso de manifiesto las carencias del sistema eléctrico español. Como se expone más adelante de forma gráfica, la red eléctrica española está, en la mayoría de sus puntos, al límite de capacidad, impidiendo millonarias inversiones por falta de conectividad.
Cuando la apuesta por la descarbonización de la economía y de los esfuerzos por una mayor electrificación, son prioridad de los programas de la UE y, por ende, de España, la “saturación energética” en logística y transporte adquiere una especial relevancia, que afecta notablemente a estos sectores, por la restricción de nuevas instalaciones. Esta realidad obliga a poner en marcha otras alternativas, con el apoyo de la inteligencia artificial, tales como la optimización de rutas, el uso de vehículos eficientes, la automatización de procesos y la inversión en energías renovables, etc. Este problema de la falta de capacidad de la red, está poniendo en riesgo algunas de las grandes apuestas de cara al futuro de la economía española, amenazando a fábricas de sectores clave, como el del automóvil y sus industrias relacionadas como las baterías.
La descarbonización se enmarca, en los principios rectores del Pacto Verde Europeo y su Estrategia de Movilidad Sostenible e Inteligente, plasmada en la Comunicación de la. Comisión UE de 11.12.2020, cuyo objetivo es, por medio del llamado “paquete normativo de movilidad de la UE”, alcanzar la neutralidad climática para 2050, siendo de destacar el Reglamento UE 2019/1242, de 20 de junio de 2019, por el que se establecen normas de comportamiento en materia de emisiones de CO2 para vehículos pesados nuevos y se modifican los Reglamentos (CE) no. 595/2009 y (UE) 2018/956 y la Directiva 96/53/CE, modificado por el Reglamento UE 2024/1610, de 14 de mayo de 2024. Y por lo que a la normativa interna nacional se refiere, ha de citarse, especialmente, el Real Decreto Ley 29/2021, dictado para facilitar y fomentar la instalación de puntos de recarga para vehículos eléctricos en España. Así, la UE mantiene su apuesta por la electrificación como la vía dominante para alcanzar las cero emisiones en el transporte por carretera, incluido el transporte pesado, a pesar de que son evidentes las limitaciones para alcanzar este objetivo, por mor de que no hay puntos de recarga con potencia suficiente, por el elevado coste de los camiones eléctricos, por el tiempo de carga que los hace poco operativos, entre otras cuestiones.
Recientemente, en cumplimiento de la Circular 1/2024 de la CNMC y la Resolución de 8 de junio de 2025, los gestores de red de distribución han publicado en sus páginas web, siguiendo los criterios validados con la CNMC, los mapas de capacidad de la red para conectar demanda, que confirman que el 83,4% de los nudos de la red de distribución ya están saturados, lo que impide conectar la nueva demanda eléctrica.
Al analizar los datos desglosados por regiones, se observa como 11 Comunidades Autónomas tienen aún un peor registro que el de la media nacional, lo que impide en estas regiones el establecimiento de nuevas plantas, fábricas, centros de datos o de cualquier otra actividad que implique un alto consumo de energía, como entre otras, el sector del transporte por carretera respecto de la recarga eléctrica de grandes flotas, o grandes instalaciones logísticas.
Sobre esta problemática, debe de resaltarse el Informe (ITC-BT 52) del 2021, del Tribunal de Cuentas Europeo, denominado Instalaciones con fines especiales. Infraestructura para la recarga de vehículos eléctricos, que entre otras muchas consideraciones, ya expuso:” La implantación de una infraestructura de recarga adecuada para el uso de vehículos eléctricos es un factor clave para la transición a un parque de vehículos en gran parte de emisión cero para 2050. El objetivo político último es conseguir que la recarga de los vehículos eléctricos sea tan fácil como el llenado de un depósito convencional, de modo que los vehículos eléctricos puedan circular sin dificultad por toda la UE. Para lograrlo, la UE se enfrenta a un problema de varias vertientes: por una parte, el uso de los vehículos estará limitado hasta que se disponga de la infraestructura de recarga, y, por otra, las inversiones en infraestructuras requieren mayor certeza sobre los niveles de utilización de los vehículos”.
Si a esta situación actual sumamos que la demanda eléctrica en España podría dispararse entre un 64% y un 105% en la próxima década (reciente informe de la big four EY y el Instituto de Investigación Tecnológica IIT), lo que es conforme con el contenido de las proyecciones del Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC), la problemática adquiere ya un nivel más que notorio, escenario que precisará de inversiones ponderadas, en este momento, en hasta 6.300 millones de euros en la red de distribución (media y baja tensión). A estos efectos, el Gobierno (Ministerio para la Transición Ecológica) ha encargado recientemente a las CCAA que le faciliten un cribado masivo de proyectos ‘atascados’ en sus redes eléctricas, identificando qué peticiones de acceso corresponden a inversiones viables y alineadas con los intereses locales, y ello asumiendo que no va a haber capacidad para todos los proyectos, lo que obligará a una política de priorizaciones.
Es dentro de este contexto, que teniendo en cuenta que la saturación de la red eléctrica amenaza el desarrollo del sector logístico en España, que muy acertadamente el presidente de UNO Logística, ha señalado que esta realidad “compromete la viabilidad de nuevas conexiones eléctricas para plataformas logísticas, proyectos de electrificación de flotas, instalaciones de frío industrial y desarrollos vinculados a la automatización de la cadena de suministro”. También, afirma que la saturación es mayor en polígonos industriales, centros logísticos y corredores de transporte “que son precisamente los puntos donde se desarrolla la actividad económica y donde es fundamental garantizar la potencia necesaria para que el sector pueda crecer y modernizarse”. Además, el presidente de UNO, ha recordado que “la logística española está en plena transformación hacia un modelo más sostenible, digital y electrificado, pero sin capacidad de conexión a la red eléctrica, muchas de las inversiones quedarán paralizadas o se trasladarán a otros países con mayor solvencia energética”. En este sentido, ha resaltado lo siguiente: “el sector logístico es la columna vertebral de la economía, representa alrededor del 7% del PIB y es esencial para el comercio electrónico, la industria y la distribución de bienes básicos. Sin una red eléctrica que acompañe nuestro crecimiento, se pone en riesgo la competitividad de las empresas y la calidad del servicio que reciben los ciudadanos”. Finalmente, también ha manifestado: “Nos jugamos el futuro de España como hub logístico e industrial. Con una red de distribución saturada, insisto en que cada día que pasa se paralizan inversiones, se retrasa la creación de empleo y se dificulta la descarbonización real del transporte y la logística”, razón por la que se “reclama un programa extraordinario y urgente de refuerzo y digitalización de la red de distribución en los principales nodos logísticos de España, exigiendo un marco retributivo estable que acelere la inversión en infraestructuras y eleve los límites de inversión allí donde sea necesario, priorizando los proyectos vinculados al cumplimiento de los objetivos europeos en materia de transporte y descarbonización”.
Como colofón de cuanto se ha expuesto, nos referimos al proyecto de Ley de Movilidad Sostenible (PLMS), que habiéndose aprobado el pasado día 8 de octubre en el Pleno del Congreso, ha de pasar al Senado, para luego ser definitivamente aprobado nuevamente por el Congreso, convirtiéndose en Ley sobre finales del presente año. Este PLMS recoge varios preceptos en torno a la materia de la electrificación y consiguientes recargas, siendo de resaltar la Disposición final decimoctava, relativa a las instalaciones eléctricas y materia de las recargas eléctricas necesarias para la electromovilidad, esto es, para la “movilidad eléctrica”, materia intrínsecamente relacionada con el Reglamento UE 2023/1804, de 13 de septiembre de 2023, relativo a la implantación de una infraestructura para los combustibles alternativos.
Pero esta prescripción, con ser acertada, no deja de ser una mera declaración de interés, pues, aunque pertinente, es evidente que la actual “saturación energética” de la red eléctrica (que llega en muchas CCAA hasta el 85%), no permite en la actualidad que puedan autorizarse y ponerse en marcha muchas de las instalaciones necesarias para que las empresas puedan abastecer su flota con esta clase de energía. Esta Disposición final decimoctava, ha de ponerse en relación con la Disposición final decimocuarta, sobre Modificación del Real Decreto 1052/2022, de 27 de diciembre, por el que se regulan las zonas de bajas emisiones.
En definitiva, vemos que no existe la necesaria convergencia entre los objetivos de alcanzar la “neutralidad climática”, la “descarbonización”, y la realidad, si bien la situación de España es especialmente preocupante, ya que como se ha indicado, está limitando proyectos e inversiones mil millonarias, lo que es urgente y prioritario solventar para todos los sectores, y muy especialmente para el de la logística y el transporte por carretera de viajeros y de mercancías, dentro del pretendido objetivo de “movilidad eléctrica”.
Autor: Fernando José Cascales Moreno. Abogado. Académico correspondiente de la Real de Jurisprudencia y Legislación. Ex Director General de Ferrocarriles y Transportes por Carretera del Ministerio de Fomento, y del INTA-Ministerio de Defensa. Ex Presidente del Consejo Superior de Obras Públicas dependiente de los Ministerios de Fomento y de Medio Ambiente y de INSA/Ingeniería Servicios Espaciales, SA. Jefe del Servicio Central de Recursos del Ministerio de Transportes. Ex Inspector General de Servicios del Ministerio Transportes, Turismo y Comunicaciones. Vocal Asesor del Ministerio de Fomento. Del Consejo Asesor de la AET y de la Sección Marítimo y Transportes del ICAM. Del Cuerpo Técnico de Inspección del Transporte Terrestre.
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