El Pleno del Parlamento de Cantabria ha aprobado ayer lunes por unanimidad articular una línea de ayudas extraordinarias y directas, aunque sin concretar cuantía, para el sector del transporte profesional por carreteras con el fin de mejorar la seguridad, competitividad, digitalización y sostenibilidad, de manera que se compense la eliminación de la bonificación del gasóleo a partir de enero de 2024.
Se trata de una proposición no de ley (PNL), presentada por el Grupo Regionalista, que ha sido apoyada por el Grupo Popular, que ha anunciado que las ayudas comprometidas en 2022 por 3,4 millones para al transporte de viajeros por carretera se van a pagar antes de final de año.
Así lo ha afirmado el diputado del PP José Antonio Alonso, que ha insistido en que lo que plantea la medida regionalista «ya está contemplado», pues el Gobierno de Cantabria recoge 7,1 millones en los presupuestos para ello. En concreto, incluye partidas de más de 5,8 millones para adquisición de vehículos de bajas emisiones y modernización de la flota, entre otras cuestiones; y ayudas de más de 1,3 millones para la modernización de los sistemas de gestión de flotas.
En este sentido, Alonso ha reprochado que mientras el Gobierno de Cantabria «guarda más de 7,1 millones de euros de los cántabros para apoyar el transporte», el Gobierno de España, que es «quien tiene la obligación de aplicar las medidas que amortiguan situaciones coyunturales del precio de los combustibles» aplicando bonificaciones, cobra el impuesto especial de hidrocarburos «sin que éste revierta en aquellos que más sufren la subida de los carburantes».
Por ello, el consejero de Fomento, Roberto Media, se ha dirigido al nuevo ministro de Transportes, Óscar Puente, para solicitarle esa bonificación pero no ha recibido respuesta, ha indicado el diputado.
La parlamentaria regionalista, Paula Fernández, se ha congratulado del apoyo a su propuesta, que ya está en marcha en el País Vasco y «es el momento de implantar en Cantabria», ha sostenido. También ha agradecido el apoyo del PP subrayando que el autogobierno «está para esto», para «utilizar los resortes de la autonomía para favorecer a un sector clave» en Cantabria que «necesita la ayuda de este Gobierno en este momento».
El diputado de Vox, Cristóbal Palacio, ha considerado que la PNL es un «mal remedio» y que «lo grave es el desequilibrio en el mercado», y ha advertido de la necesidad de beneficiar «a todos» para no «abrir una brecha» entre los grandes transportistas que pueden acceder a camiones eléctricos y los pequeños. «Apoyo las medidas que faciliten la supervivencia al autónomo», ha dicho Palacio, que considera que las ayudas al cambio de ruedas beneficiarán «a todos los transportistas».
La diputada socialista, Ana Belén Álvarez, ha defendido que el Gobierno de Cantabria debe «preparar ya» este paquete de ayudas directas «complementarias a las que haga el Gobierno de España o no las haga», ha dicho. «No se queden deshojando la margarita sobre si el Gobierno de España hace esto o hace lo otro: ustedes tienen competencias y por ello pueden y deben articular para el sector del transporte profesional una línea de ayudas para mejorar la seguridad, la competitividad, la digitalización y la sostenibilidad», ha defendido.
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