La Confederación Española de Transporte en Autobús (CONFEBUS) advierte de las consecuencias de la derogación Real Decreto-ley 9/2024, también conocido como ‘ómnibus’, tanto para las empresas del sector como para los usuarios.
El presidente de CONFEBUS, Rafael Barbadillo, destaca que el sector se enfrenta ahora a un escenario de inseguridad jurídica, marcado por la incertidumbre sobre la continuidad de las bonificaciones al transporte público.
Esta incertidumbre hace que las empresas de autobuses que trabajan con todo tipo de administraciones no solo no tengan claro el precio del billete, sino que también pueda suponer un freno a las inversiones en la descarbonización de flotas y al aumento de la oferta, a la espera de clarificar esta cuestión.
Los usuarios ya se están viendo afectados por la derogación del decreto, quienes a su vez se enfrentan a una notable desigualdad en el acceso al transporte público dependiendo de la comunidad autónoma en la que residan.
En aquellas regiones que no han mantenido las medidas derogadas, los viajeros pueden sufrir un aumento de las tarifas de hasta el doble de lo que pagaban hasta ahora, por lo que está produciendo una asimetría de derechos. El autobús es para muchos ciudadanos la única opción para acceder a sus puestos de trabajo, centros educativos y hospitales, en definitiva, una garantía a los servicios públicos.
La promoción del transporte público no solo transciende al ámbito social, sino que también es una cuestión medioambiental. En el marco del Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC), el Gobierno se ha comprometido a reducir en un 45% las emisiones de gases de efecto invernadero antes de 2030, y una de las estrategias clave que se ha fijado para lograrlo es promover el uso masivo del transporte público. Por ello, incrementar el precio del transporte público en plena estrategia para promover su uso podría ser un claro desincentivo para el usuario.
Las bonificaciones al transporte público han demostrado ser una medida efectiva y transformadora. En 2024, el uso del transporte público ha subido un 33% en toda España respecto al 2022. En el caso del autobús urbano, se han registrado 165,5 millones de trayectos mensuales en 2024, un 35% más respecto a 2022, según datos del Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible.
Es por ello que garantizar el derecho a la movilidad bonificando el precio del transporte público es una cuestión que genera un gran consenso entre la clase política. Por este motivo, emplazamos al Gobierno y a los distintos grupos parlamentarios a dialogar para encontrar una solución lo antes posible, pensando en el interés general y en favor del usuario y la movilidad sostenible.
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