Desde Unauto VTC, patronal mayoritaria del sector de arrendamiento de vehículos con conductor en Catalunya, quieren trasladar su valoración de la proposición de Ley en el Parlament de Catalunya, que expulsaría a las VTC del ámbito urbano, enviando al paro a miles de trabajadores y condenando al cierre a cientos de empresas. Una proposición de Ley profundamente antisocial y que en su opinión resulta radicalmente contraria al interés general.
«Expulsar del mercado a las VTC va en contra del interés general de los ciudadanos de Catalunya y de Barcelona, que son nuevamente rehenes de los intereses del taxi. Ni desde un punto de vista económico, ni social, ni medioambiental puede defenderse que la propuesta hoy presentada ante el Parlament responda a la defensa del interés general de los ciudadanos.
De hecho, esta opinión es compartida por una amplia mayoría de ciudadanos, tal y como confirma una reciente encuesta de Metroscopia, donde se señala que el 56% de los ciudadanos considera que la regulación de los servicios de movilidad está teniendo en cuenta, en exclusiva, el interés de las asociaciones del taxi y únicamente el 20% cree que busca atender el interés del conjunto de la ciudadanía.
Una propuesta de Ley profundamente antisocial
Resulta bochornoso que partidos autodenominados progresistas presenten una iniciativa legislativa tan profundamente antisocial, cuyo principal efecto será la destrucción de miles de puestos de trabajo en Cataluña.
El sector de alquiler de vehículos con conductor (VTC) emplea en Cataluña a casi 6.000 personas y paga salarios por valor de 127 millones de euros al año.
Por su parte, la recaudación por contribuciones sociales, IVA o impuesto de hidrocarburos alcanza los 72 millones de euros anuales, una cantidad con la que podrían construirse 700 viviendas sociales, 70 centros de atención primaria o duplicarse el presupuesto de la fundación Instituto de Investigación de Bellvitge (Idebell) para la investigación oncológica.
En su lugar, de aprobarse esta proposición de Ley, los contribuyentes catalanes tendrán que dedicar 55 millones de euros para abonar las prestaciones por desempleo a los conductores y empleados de la VTC que perderán su empleo como consecuencia de esta Ley.
Más especulación, menos movilidad y freno a la movilidad eléctrica
La primera consecuencia de la aprobación de esta proposición de Ley será el incremento del valor de las licencias de Taxi en Cataluña y particularmente en el Área Metropolitana de Barcelona. El valor de las mismas, que actualmente supera los 170.000 euros, así como las elevadas facturaciones de los taxistas, que en algunos casos superan los 10.000 euros al mes, ilustran claramente quién se verá beneficiado por la norma que hoy se ha presentado.
Por su parte, los ciudadanos serán los principales perjudicados, particularmente los residentes en el AMB, que verán seriamente deteriorada la ya crónica falta de servicios de movilidad en taxi y VTC, al desaparecer el 30% de la actual oferta de servicios.
Las VTC contribuyen a impulsar de forma decidida la movilidad eléctrica. Las inversiones previstas para impulsar la electrificación de las VTC en Barcelona movilizarían 150 millones de euros que en este nuevo escenario regulatorio, corren riesgo de perderse, para perjuicio de la calidad del aire que respiran los ciudadanos de la capital catalana.
Una regulación discriminatoria y contraria a Derecho, al dictado del sector del Taxi
Esta proposición de Ley es la enésima muestra de un problema crónico en Cataluña: el sometimiento de sus instituciones al dictado de un grupo de presión.
Lo vimos en 2019, con la aprobación de la obligación de precontratación de 15 minutos, que como entonces avisaba el Consell de Garantías Estatutarias y recientemente ha confirmado el Tribunal Constitucional, resultaba flagrantemente inconstitucional. Lo volvimos a ver en 2022, cuando la Generalitat impuso un requisito de longitud mínima de 4,9 metros a las VTC, en contra de las recomendaciones de la Comisión Europea. Y lo volvemos a ver ahora, con la expulsión de las VTC de los servicios urbanos para contentar la una asociación de taxi condenada por la ACCO por sus prácticas intimidatorias y contrarias a la competencia.
Llamamiento al diálogo y la responsabilidad
Negar que la movilidad urbana está cambiando es negar la realidad. Taxis y VTC conviven en la gran mayoría de capitales europeas y Barcelona no puede ser una excepción. Los grupos parlamentarios están obligados a encontrar soluciones que permitan mantener el empleo, asegurar un nivel de servicio acorde a las necesidades de los ciudadanos y que garanticen la seguridad jurídica de los operadores económicos.
Nos ponemos a disposición de todos los grupos políticos del Parlament de Cataluña, a quienes trasladamos nuestra disposición para encontrar fórmulas que permitan alcanzar un equilibrio justo que respete los intereses de todos los actores implicados y garantice el respeto al interés general, en línea con el Derecho nacional y europeo».
Se eliminarán los comentarios que contengan insultos o palabras malsonantes.