La patronal mayoritaria de conductores de VTC, Unauto, estima en unos 80 millones de euros el valor de las indemnizaciones por responsabilidad patrimonial que tendrá que asumir la Generalitat de Catalunya para sufragar las demandas de empresas y conductores por la nueva ley de transporte de viajeros en vehículos de hasta nueve plazas, que el Govern hará pública en las próximas semanas.
En total, la Generalitat de Cataluña tendrá que pagar 79.262.500 euros al sector de las VTC en caso de que la nueva ley vea la luz en los términos que actualmente contempla el borrador. Por el momento, las VTC preparan el trámite de manera masiva, haciendo énfasis en los daños económicos y perjuicios que supone dejar fuera del mapa metropolitano a los vehículos VTC.
Atendiendo a las 2.500 autorizaciones de VTC que operan actualmente, se estima un impacto económico superior a los 79 millones de euros: más de 65 millones por lucro cesante (pérdidas derivadas de la paralización de la actividad), más de 3 millones por daños emergentes (principalmente despidos), y 10 millones en costes empresariales (cierres e indemnizaciones), afectando directamente a más de 4.000 empleos.
La privación del derecho adquirido a desarrollar la actividad de transporte en núcleos urbanos como Barcelona, la expropiación de las licencias o la restricción excesiva y discriminatoria de sus operaciones, a través de medidas como la precontratación de seis horas o un único servicio a la hora, abren la puerta a reclamaciones millonarias por parte del sector de las VTC.
Para el presidente ejecutivo de Unauto, José Manuel Berzal, el volumen y cuantía de las demandas representa “un duro golpe contra las arcas públicas catalanas, con consecuencias directas sobre los ciudadanos«», afirma. “Hasta ahora los tribunales a diferentes escalas nos han dado la razón, por lo que seguiremos recurriendo a la justicia para no dejar pisotear nuestros derechos«», añade.
Con el informe sobre el impacto económico del sector en Catalunya, Unauto vaticina que el sector de las VTC es un importante activo para la economía catalana, ya que genera 260 millones de euros y proporciona empleo a casi 6.000 personas, directa e indirectamente. Es más, si las 3.756 licencias de VTC domiciliadas en Catalunya pudieran trabajar con normalidad (en la actualidad operan solo 2.500 debido a las restricciones e inseguridad jurídica), esto aumentaría a 10.500 trabajadores y 445 millones de ingresos.
El nuevo texto se presentará ante la mesa del taxi en los próximos días, antes de abrir el periodo de audiencia pública. No obstante, las asociaciones de VTC, como Unauto, denuncian la falta de consenso y transparencia en el proceso de elaboración de la norma, ya que las reuniones mantenidas con la Dirección General de Transportes de la Generalitat han sido meramente informativas, sin opción de negociación.
A diferencia del sector del taxi, que ha establecido sus líneas prioritarias de actuación en detrimento de la voluntad general de los catalanes, es decir, la convivencia entre los dos modelos de transporte. Todo ello con el amparo de la Generalitat y el Ayuntamiento de Barcelona, cuyos objetivos de hacer desaparecer las VTC se consuman en esta nueva ley de transporte de viajeros en vehículos de hasta nueve plazas.
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