Tras el altercado ocurrido este fin de semana en el aeropuerto de El Prat en Barcelona, en la que dos trabajadores de la flota del sindicato Élite Taxi sufrieron una agresión a manos, presuntamente, de varios conductores de VTC que trabajarían para la aplicación Uber, Unauto VTC condena firmemente cualquier forma de violencia y se compromete a investigar los hechos.
No obstante, la Asociación denuncia lo que considera una campaña de acoso dirigida al sector VTC y exige a las administraciones públicas una respuesta firme que garantice la seguridad y la convivencia entre los distintos operadores del sector.
Unauto VTC sostiene que lo ocurrido no es un caso aislado, sino el resultado de haber entregado el control de la seguridad del parking del aeropuerto a Élite Taxi. Esta organización actúa como una autoridad paralela en Barcelona, decidiendo quién puede trabajar, dónde y cómo, con el beneplácito de las instituciones.
Esta situación, que ha derivado en varias decenas de altercados en que conductores y pasajeros de VTC han sido amenazados e intimidados, empezó hace más de un año cuando AENA y los Mossos d’Esquadra otorgaron funciones de control del aeropuerto a Élite Taxi (sus vigilantes llevan petos oficiales del aeropuerto de Barcelona).
Aquello, señalan, fue solo el principio. Desde entonces, el poder de este colectivo se ha ampliado hasta el punto de influir en la Guardia Urbana y los propios Mossos, liderando las formaciones a los agentes sobre cómo y a quién multar.
«Élite Taxi no es la víctima, es el grupo que lleva años actuando por encima de la ley», afirma José Manuel Berzal, presidente ejecutivo de Unauto VTC. La entidad denuncia bloqueos organizados, acoso a conductores y una estrategia para excluir del mercado a otros operadores.
También acusan a Élite Taxi de condicionar la actuación de la Guardia Urbana. Aseguran que el colectivo señala a qué vehículos sancionar o retirar. “La movilidad en Barcelona no está regulada, está secuestrada», advierten.
Unauto VTC exige al Ayuntamiento de Barcelona y a la Generalitat que pongan fin a esta inconcebible dejación de funciones y reclaman que se recupere el control institucional, garantizando un entorno legal y libre de coacciones para todos los operadores.
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