Tras una compleja actividad de investigación, llevada a cabo por la Unidad de Policía Económica y Financiera de Caserta, por cuenta de este Ministerio Público, el Juez de Investigación Preliminar del Tribunal de Santa Maria Capua Vetere ha ordenado la ejecución de una orden de embargo preventivo contra 5 empresas y 7 personas físicas por un importe total de más de 112 millones de euros como producto ilícito de un complejo fraude carrusel perpetrado en el sector de los productos energéticos.
Las investigaciones realizadas, en defensa del libre mercado y la competencia, han permitido constatar -aunque en fase embrionaria de averiguaciones previas- la existencia de un importante «fraude carrusel», que involucraba toda la cadena comercial de venta de carburantes, desde el depósito fiscal hasta los distribuidores en carretera, que operaba con el único fin de evadir el IVA.
El sistema fraudulento se implementó mediante la utilización de empresas fantasma que, directamente o a través de otras empresas «filtro», sólo eran figurativamente cesionarias del combustible y omitían el pago del impuesto, permitiendo así a las empresas receptoras del producto petrolífero abastecerse a costos significativamente inferiores a los del mercado.
La actividad ilícita se llevó a cabo mediante dos sistemas de fraude distintos:
la primera, instrumentada en el período 2018 y 2019, mediante la aplicación ilícita de las disposiciones de la Ley de Estabilidad de 2018 que incluían algunos supuestos de no aplicación de la obligación de pago inmediato del IVA para determinadas categorías de sujetos cuando se cumplían criterios específicos de fiabilidad.
En este sentido, el fraude se realizó a través de la interposición de las llamadas empresas de comercio desaparecido – registradas a nombre de testaferros agobiados por antecedentes penales, incluidos los de carácter fiscal, carentes de estructuras operativas y disponibilidad financiera y, por tanto, carentes de los criterios de fiabilidad exigidos por la ley – que adquirían el producto con exención del IVA y luego lo revendían, tras un torbellino de facturas falsas, a empresas que a su vez procedían a colocarlo en el mercado en distribuidores de carretera sin, no obstante, cumplir con las obligaciones fiscales exigidas;
El segundo, implementado en el período 2019-2021, preveía un régimen de no tributación para las ventas, es decir, mediante la presentación de declaraciones de intención falsas por parte de sociedades fantasma, que certificaban fraudulentamente que poseían todos los requisitos exigidos por la legislación sobre impuestos especiales y, por lo tanto, podían beneficiarse ilegalmente de compras sin la aplicación del IVA.
La declaración de intenciones es un documento con el que los exportadores habituales a países no europeos demuestran que poseen los requisitos necesarios para adquirir bienes y servicios exentos de IVA a proveedores nacionales.
Todas las empresas «tapón» utilizadas para la realización de los fines ilícitos fueron, antes de la fecha límite para la presentación de las declaraciones anuales, puestas en liquidación o cerradas por cese de actividad, incumpliendo el pago de los impuestos.
Mediante este complejo esquema fraudulento, en todo el periodo de investigación se liberaron al consumo aproximadamente 600 millones de litros de gasóleo y gasolina para vehículos a motor, con una evasión de IVA de 112.965.407,40 €, lo que permitió, principalmente a una empresa distribuidora de petróleo propietaria de aproximadamente 300 distribuidores en carretera que operan en todo el territorio nacional, obtener suministros de carburante a precios sensiblemente inferiores a los del mercado y realizar ventas a precios competitivos.
En los años investigados, las empresas receptoras del producto adquirido ilegalmente a través del ya probado sistema contable, destinado a reducir la base imponible con la consiguiente reducción de su carga fiscal, hicieron uso de facturas de operaciones inexistentes por un total de 201.009.787,86 euros, emitidas por las sociedades «fantasma».
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