Los financieros de la Comandancia Provincial de Verona han ejecutado la detención ordenada por el fiscal, validada por el GIP del tribunal local, enviando a prisión a un empresario veronés que opera en el sector del comercio de productos petrolíferos, a su hijo y al contable de la empresa, ya que fueron considerados responsables, por diversas razones, de un enorme fraude fiscal.
Además, la Fiamme Gialle se ha incautado de activos financieros, acciones de empresas, inmuebles, medios de transporte y cuentas corrientes italianas y extranjeras por valor de más de 33 millones de euros, equivalente al beneficio del fraude perpetrado por los sospechosos.
La actividad de investigación de la Policía Financiera – realizada en sinergia con la sección territorial Nordeste del Sector de Lucha contra el Crimen de la División de Contribuyentes de la Agencia Tributaria – permitió desvelar una compleja trama fraudulenta mediante la cual los tres autores introdujeron en el Sistema económico legal: créditos fiscales ficticios por aproximadamente 30 millones de euros y emisión de facturas subjetivamente falsas por más de 20 millones de euros sin aplicación del IVA.
En particular, los créditos ficticios del IVA se contabilizaron mediante adquisiciones de sucursales de empresas a un precio insignificante y mediante la firma de acuerdos de asociación, incluso con entidades económicas residentes en paraísos fiscales. El resultado de las operaciones societarias realizadas permitió a los sospechosos reducir significativamente el IVA adeudado al Tesoro, mediante la monetización de créditos fiscales falsos y con la emisión de facturas por operaciones subjetivamente inexistentes.
Las investigaciones técnicas en profundidad han permitido reconstruir el papel de los tres empresarios que, a través de sus propias empresas, así como a través de cuentas corrientes específicamente creadas utilizando también instituciones de crédito extranjeras, han acumulado capital procedente de la evasión fiscal y, gracias a una serie de mecanismos fraudulentos, los ocultaron a las autoridades fiscales, con las que ya estaban muy endeudados.
Ante la reiteración de la conducta, para evitar la continuación de los delitos, la Autoridad Judicial también ordenó el embargo del despacho profesional del contador, de los camiones cisterna utilizados para el transporte del petrolífero y de las oficinas de la empresa.
La responsabilidad de los sospechosos sólo se determinará definitivamente tras el resultado del proceso con sentencia penal irrevocable, la presunción de no culpabilidad prevista en el art. 27 de la Constitución.
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