La adquisición y venta ilícita de más de 133 millones de litros de combustible ha producido, en pocos años, unos beneficios de más de 15 millones de euros y una incautación preventiva de más de 15,5 millones de euros.
La maxi operación fue realizada por los financistas del Comando Provincial de la Guardia di Finanza de Ancona, delegados por el Ministerio Público de Trani, que la llevaron a cabo en las provincias de Ascoli Piceno, Teramo, Pescara, Barletta, Pistoia, Reggio Emilia. y Sassari a una medida cautelar detallada dictada por el GIP en el Tribunal de Trani, a solicitud del Ministerio Público de Trani, con la que se ordenó el embargo preventivo de bienes y bienes, al concluir una compleja investigación que hizo posible interrumpir un fraude complejo e importante perpetrado en el comercio de combustibles.
En estas últimas horas, unas decenas de militares de la Fiamme Gialle de la Unidad de Policía Económico-Financiera de Ancona, con la colaboración de los departamentos del cuerpo responsables del territorio, están sellando 32 unidades inmobiliarias, incluidas 2 en carretera. distribuidores en la provincia de Teramo, un depósito de combustible en la provincia de Reggio Emilia, un resort ubicado en el municipio de Arzachena, en Baia Sardinia (en la provincia de Sassari), una residencia ubicada en la provincia de Teramo, además de varios apartamentos de lujo y terrenos en varias provincias italianas.
La disposición mencionada representa la culminación de complejas investigaciones llevadas a cabo por la Unidad de Policía Económico-Financiera de Ancona inicialmente bajo la dirección de otro Ministerio Público y luego coordinadas, por competencia territorial, por la Fiscalía de Trani, que permitieron derrotar a una organización. criminal, liderado por un empresario de cuarenta años de origen apuliano, responsable de haber creado, mediante la creación de estructuras societarias ficticias, totalmente infractoras, un importante fraude fiscal en el comercio de productos petrolíferos y la posterior reinversión de los ingresos en actividades inmobiliarias.
En particular, la organización aprovechó un sistema de fraude que implicaba el uso de empresas fantasma con las que, mediante el instrumento de «compra intracomunitaria», en varias refinerías, logró obtener grandes cantidades de combustible libre de IVA sobre la compra. Estas grandes cantidades de combustible se vendieron posteriormente omitiendo las correspondientes declaraciones anuales de IVA y renta o presentándolas sin declarar el IVA ni los ingresos correspondientes a estas operaciones. El producto petrolífero, procedente principalmente de Eslovenia, se vendió primero a tres empresas «fabricantes de papel» formalmente ubicadas en Bulgaria y la República Checa, gestionadas por miembros de la organización criminal, y luego se facturó a otras siete empresas «fabricantes de papel» italianas, que no pagaron el impuesto adeudado al Tesoro, aunque lo cobraron a clientes italianos y no lo declararon.
En realidad, las empresas «fabricas de papel» se crearon con la única intención de permanecer operativas durante un período de tiempo limitado, al final del cual fueron «abandonadas» (y por tanto sustituidas), aprovechando que los trámites administrativos y las responsabilidades penales, una vez verificadas, recaerían en el (inútil) testaferro que había sido puesto a cargo. Al final de todos los trámites, los carburantes obtenidos evadiendo el IVA se revendían, a precio de coste, con factura, a los propietarios de redes de distribuidores en carretera o de depósitos comerciales, a menudo imputables, o incluso coincidentes, a los mismos sujetos. que habían creado las «fábricas de papel», con la ventaja, para estos compradores, de poder vender los mismos productos a un precio muy competitivo, gracias a los efectos inmediatos que genera el impago del IVA.
El fraude fiscal masivo implicó el suministro y la venta ilícitos de más de 133 millones de litros de combustible y produjo, en apenas unos años, beneficios ilícitos para la organización criminal de más de 15 millones de euros. Al final de las investigaciones, también se llevaron a cabo las correspondientes investigaciones fiscales que permitieron proponer para la recuperación de impuestos ingresos ilícitos de más de 109 millones de euros y en cuya evolución penal intervino la Fiscalía de Trani. En este sentido, en relación con este último aspecto, la GIP del Juzgado de Trani, a petición de la Fiscalía local, dictó una orden de embargo preventivo por un importe de 15,5 millones de euros que fue ejecutada por los militares de la Unidad de la Policía Económico-Financiera de Ancona, examinando cientos de cuentas corrientes, transacciones jurídicas y transcripciones inmobiliarias. Se reconstruyó así un enorme patrimonio formado por decenas de propiedades, muchas de las cuales fueron utilizadas como alojamiento, plantas de combustible y barcos.
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