Cada año millones de turistas acuden a los destinos turísticos más populares de la Península Ibérica para disfrutar de su oferta gastronómica y de otro tipo, las autoridades policiales españolas y portuguesas han tomado medidas contundentes contra los delincuentes que intentan introducir almejas contaminadas en el sector de la restauración.
El Servicio de Protección de la Naturaleza de la Guardia Civil, la Autoridad Económica y de Seguridad Alimentaria de Portugal y la Policía Marítima, con el apoyo de expertos de Europol en delitos ambientales, han detenido a 11 personas sospechosas de haber obtenido al menos 1,6 millones de euros en beneficios solo este año. En total, se incautaron más de siete toneladas de almejas japonesas con un valor de al menos 150.000 euros durante dos jornadas de intervención.
Ls almejas contaminadas suponen un importante riesgo para la salud
En la región fronteriza entre Portugal y España, la llamada «almeja de Manila» o japonesa ( Ruditapes philippinarum ) se captura ilegalmente en el río Tajo. El modus operandi delictivo es simple: las almejas capturadas ilegalmente se recogen y se mantienen vivas en recipientes de agua para su posterior comercialización en el mercado legal. Para ello, los delincuentes utilizan documentación falsa, eludiendo así cualquier medida de inspección administrativa y sanitaria. Normalmente, las almejas se distribuyen en Portugal, España e incluso en Francia e Italia, lo que supone un grave riesgo para los consumidores. El consumo de almejas contaminadas puede causar intoxicación alimentaria, gastroenteritis o hepatitis.
Varias operaciones policiales contra los pescadores ilegales de almejas
Los investigadores estiman que las ganancias totales de este negocio ilegal pueden alcanzar un promedio de 2,5 millones de euros semanales. Estas ganancias se blanquean de diversas maneras, como la compra y reventa de vehículos de lujo. Las actividades de los sospechosos van mucho más allá de los delitos ambientales, ya que la trata de personas —a menudo migrantes irregulares—, para su explotación laboral en la pesca es un hecho habitual. Las autoridades creen que quienes se ven obligados a trabajar en estas condiciones reciben tan solo un euro o un euro y medio por kilo de almejas capturadas por los delincuentes.
Esta investigación, apoyada por Europol y que comenzó en abril de este año, dio lugar a dos jornadas de acción los días 23 y 24 de junio, así como el 30 de julio de 2025. Además de la detención de 11 sospechosos, las fuerzas del orden incautaron 7 vehículos. Los sospechosos podrían enfrentarse a cargos como delitos ambientales, blanqueo de capitales, fraude documental y fraude alimentario y contra la salud humana.
Europol apoyó la investigación desde el principio, que tuvo lugar cuando la Guardia Civil incautó un cargamento de 235 kilos de almejas y compartió esta información a través de su canal de comunicación seguro, SIENA, lo que puso en marcha nuevas actividades operativas. Europol financió varias reuniones a las que asistieron los investigadores principales y proporcionó un puesto de mando virtual disponible las 24 horas. Los expertos en delitos ambientales de la Agencia coordinaron y apoyaron a sus colegas nacionales, brindándoles apoyo operativo y analítico. Durante las jornadas de trabajo, un experto de Europol con una oficina móvil se desplegó sobre el terreno, y se desplegaron agentes portugueses en Huelva (España).
Autoridades participantes:
España: Servicio de Protección de la Naturaleza de la Guardia Civil (SEPRONA)
Portugal: Autoridad Económica y de Seguridad Alimentaria (ASAE); Policía Marítima (Polícia Marítima)
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