Investigadas 10 personas por manipular los tacógrafos de camiones en Pontevedra

La Guardia Civil investiga a un total de 10 personas como presuntos autores de un delito de falsificación de documentos mediante la manipulación de los tacógrafos instalados en camiones

La Guardia Civil investiga a un total de 10 personas como presuntos autores de un delito de falsificación de documentos mediante la manipulación de los tacógrafos instalados en camiones
europa-press

La Guardia Civil investiga a un total de 10 personas como presuntos autores de un delito de falsificación de documentos mediante la manipulación de los tacógrafos instalados en camiones en la provincia de Pontevedra.

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Según informó la Benemérita, esta operación culminó tras una «compleja investigación» que se inició hace un año, cuando se detectó un camión con signos de manipulación de los parámetros de calibración del tacógrafo.

Luego de revisarlo se encontró la alteración consistente en falsificar los datos correspondientes a la velocidad, pudiendo así exceder la velocidad máxima permitida y poder beneficiarse del cumplimiento de los tiempos de recolección y entrega en los respectivos destinos, además de los ventaja que esto supone en el cumplimiento de la normativa pertinente en los momentos de conducción y descanso.

Durante el desarrollo de la operación, denominada TruckPO1, se detectaron cuatro empresas de transporte que, en connivencia con tres centros técnicos, realizaban estas actuaciones ilegales, dedicadas principalmente al transporte de marisco y pescado.

«En consecuencia, esta práctica delictiva genera graves daños, en primer lugar a la seguridad vial, creciendo exponencialmente la gravedad del riesgo a medida que un vehículo de gran tonelaje aumenta su velocidad, ya sea en términos del riesgo de sufrir un accidente de tráfico, como de la gravedad». de las consecuencias», lamenta la Guardia Civil.

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Además, con este ‘modus operandi’, según explican los agentes, se dificulta la labor inspectora de los funcionarios, ya que los datos observados no recogen datos reales. Se trata también de una «clara competencia desleal» sobre el resto de empresas del sector.

«Por último, significa que la ejecución de estos hechos supone la presunta comisión de un delito de falsificación de documentos, que puede acarrear penas de prisión de seis meses a tres años, agravando estas penas si los hechos se producen de forma continuada», sentencia la Benemérita.

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