La Guardia Financiera de la Comandancia Provincial de Cosenza, coordinada por el Ministerio Fiscal del Tribunal de Castrovillari, ha ejecutado una orden de embargo cautelar emitida por el Juzgado de Instrucción, destinada a confiscar el equivalente a beneficios ilícitos por un total de más de 16 millones de euros, contra seis personas y varias empresas, todas conectadas entre sí, situadas en diferentes regiones de Italia.
En concreto, fueron incautadas 15 sociedades anónimas, acciones de empresas, 2 naves industriales, 34 inmuebles, vehículos y recursos financieros en poder de los sospechosos.
Esta actividad de servicio es la culminación de una compleja investigación realizada por la Compañía de Policía Financiera de Corigliano-Rossano sobre una organización criminal dedicada al fraude fiscal. El propósito de la conspiración era evadir el pago de impuestos mediante el blanqueo de capitales y el uso de las ganancias ilícitas resultantes para la compra de bienes inmuebles y la realización de otras actividades comerciales o especulativas.
En particular, a lo largo del tiempo, la organización criminal gestionó eficazmente las actividades comerciales de una empresa principal, la llamada «cabecilla», a través de quince empresas adicionales y diferentes, todas ellas dedicadas al comercio de neumáticos, ubicadas en diferentes regiones de Italia, y en algunos casos registradas a nombre de testaferros (los llamados «testigos de proa»).
En concreto, esta operación ilícita consistió en la emisión y utilización de facturas para transacciones inexistentes por un total de 109 millones de euros. En esencia, permitió a la empresa matriz «enmascarar» sus actividades, ya que nunca había solicitado un número de IVA a las oficinas competentes. Esto provocó que la empresa no declarara su facturación total, superior a 40 millones de euros, correspondiente a los ejercicios fiscales 2017 a 2022, lo que resultó en un impago de IVA de casi 9 millones de euros.
La gestión de las empresas embargadas quedará ahora en manos de un administrador judicial designado por el Tribunal de Castrovillari.
La labor realizada demuestra el compromiso permanente de la Guardia di Finanza en la protección de la seguridad financiera y de los ingresos fiscales de los ciudadanos y en la lucha contra las formas más insidiosas de delitos financieros que socavan la competencia leal y la libertad empresarial.
Cabe señalar que, de acuerdo con el principio de presunción de inocencia, la culpabilidad de las personas investigadas en relación con el asunto sólo quedará definitivamente comprobada si se dicta sentencia condenatoria irrevocable.
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