El informe elaborado por CCOO ‘Ni un día menos. El derecho a la salud y recuperación de las personas trabajadoras’ busca atajar tanto los discursos alarmistas como los bulos que a menudo trufan los discursos de algunos actores en esta materia. Lo hace sobre la base de un análisis riguroso de la evolución que han registrado los principales indicadores económicos, sociodemográficos y de salud durante las últimas dos décadas.
La prestación de incapacidad temporal es un derecho de las personas trabajadoras que se encuentran enfermas e impedidas para el trabajo durante el tiempo que necesita para recuperar la salud y volver al empleo. La IT protege así los derechos reconocidos constitucionalmente a la salud y al trabajo; resulta inadmisible el intento de algunos actores de pretender presentar a las personas que necesitan esta prestación como “abstencionistas”.
En cualquier caso, el crecimiento de la incidencia de las prestaciones de IT supone un reto financiero importante, pero manejable en el conjunto de las prestaciones del sistema de Seguridad Social y la economía de nuestro país. El crecimiento nominal del gasto se ve sin embargo muy moderado si lo analizamos en relación a su peso relativo con respecto a otros indicadores.
De hecho, 2/3 del incremento de gasto público en IT se explica por la evolución de la actividad económica y la demografía, mientras que el resto del incremento del gasto público en IT se explica principalmente por causas objetivas relacionadas con la salud.
La evolución de la población protegida por la creación de empleo y la mejora de las bases de cotización explican el 47,5% del total de incremento del gasto. Por su parte, el envejecimiento medio de la población trabajadora explica el 18,5% del total del incremento del gasto producido (la incidencia de la IT es inferior en los grupos de mayor edad, pero el tiempo que necesitan para recuperar la salud es más largo).
Entre los factores de salud que explican otra parte del crecimiento del gasto destaca la influencia del COVID-19 que ha implicado no sólo un aumento de la preocupación social por la salud, también ha contribuido a incrementar las infecciones de carácter leve que ahora cursan en mayor medida (gripes, amigdalitis, faringitis, gastroenteritis, …).
De igual forma cabe destacar los problemas de salud mental que han crecido; no en vano España es líder mundial en consumo de benzodiacepinas y ansiolíticos y el tercer país de la UE en utilización de antidepresivos mientras se acredita una evidente falta de tratamientos complementarios de atención psicológica y psiquiátrica, así como pautas de prevención también en el marco laboral.
Cabe también destacar los efectos desplegados por los avances en la atención sanitaria han conseguido cronificar enfermedades que antes eran mortales (enfermedades oncológicas, neurológicas, cardiovasculares, etc.); la baja inversión en los recursos del Sistema público de Salud genera listas de espera que explican una parte de los procesos de IT; el subregistro de enfermedades profesionales que supone la derivación al sistema público de salud de patologías que deberían ser atendidas de forma automática como contingencia profesional; entre otras.
Aunque ha crecido el número de procesos, la duración media de las prestaciones permanece estable en el entorno de los 37-40 días desde hace dos décadas, con el único paréntesis de la pandemia Covid. Más aún, en todas las provincias y CCAA la duración media de la IT de contingencia común, controlada por los médicos de atención primaria, tiene una duración (39,2 días) inferior a la de la IT derivada de contingencia profesional (45,2 días), controlada exclusivamente por los médicos de las Mutuas colaboradoras.
Los datos demuestran así que no hay ninguna situación de abuso generalizado de la IT, ni tampoco de fraude en ningún colectivo, sexo, dolencia, sector de actividad o ámbito territorial.
Tampoco hay ausencia de control de la IT, ni que exista una mayor incidencia de las mismas para eludir el trabajo; de hecho, el informe demuestra que se trata de un bulo la idea de que los lunes sean los días que más bajas se producen porque hay un intento generalizado de eludir el trabajo.
Lo que sí está lejos de funcionar de forma adecuada es el sistema de reconocimiento de las enfermedades profesionales, advertía Mariano Sanz. “La gran mayoría de las enfermedades profesionales se tratan como comunes y eso es un elemento claro conflicto de interés entre quien gestiona la prestación y después tiene que reconocerla y pagarla”. “El control de la incapacidad temporal tiene que ser un control público”, añadía por su parte Carlos Bravo al respecto.
Todas las actuaciones de seguimiento y control de la IT han de realizarse exclusivamente desde el ámbito público, evitando situaciones de potencial o real conflicto de interés. Por eso, el sindicato propone convertir a las mutuas en entidades gestoras de la Seguridad Social.
La clave del control del gasto en IT en todo caso no pasa por recortar el derecho a la prestación, sino por garantizar una recuperación de la salud más rápida.
Para ello, el informe de CCOO plantea una amplia batería de propuestas:
.- Establecer la presunción de laboralidad en patologías musculoesqueléticas vinculadas al trabajo.
.- Establecimiento del sistema de codecisión en la elección de Mutua (acuerdo trabajadores y empresario)
.- Integrar a las Mutuas colaboradoras como entidades gestoras de la Seguridad Social, para garantizar tanto la mayor eficacia la utilización de recursos de financiación pública para la recuperación de la salud de las personas en IT, como que los mecanismos de seguimiento y control de las prestaciones se someten estrictamente al ámbito público y responden exclusivamente al interés general. Este proceso debe garantizar en todo caso a las personas trabajadoras que prestan servicios en las Mutuas todos sus derechos y garantías; así como todas las particularidades de una integración ordenada y respetuosa con la calidad del empleo.
.- Incrementar las plantillas del Sistema público de Salud y la Inspección Médica del INSS. La falta de inversión en sanidad pública se proyecta después sobre la IT.
.- Actuar sobre los resultados de salud en patologías clave como las osteomusculares. Permitir que el Sistema Público de Salud utilice los recursos ociosos de las Mutuas para adelantar diagnósticos y tratamientos siempre bajo criterio y control del médico público, a través de los convenios de colaboración entre el INSS, los Sistemas públicos de Salud y las Mutuas colaboradoras.
.- Actualización de los tiempos óptimos de IT para la recuperación de la salud utilizados por el INSS (vigentes desde 2017) y actualización de los procesos de seguimiento y control vinculándolos a ellos.
.- Refuerzo del ámbito preventivo en materia de Salud mental, también en el marco de las empresas.
.- Refuerzo de los servicios públicos de salud mental (prestaciones terapéuticas de psicología y psiquiatría)
.- Generalización de los sistemas de diagnóstico de sospecha de enfermedades profesionales
.- Establecimiento de un verdadero sistema de “bonus-malus” para la prevención de los accidentes de trabajo y las enfermedades profesionales.
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