La Cámara de Comercio de Barcelona reclama un sistema de pago por uso en las autopistas para garantizar el mantenimiento de las carreteras. El ente cameral advierte en un comunicado que, sin un modelo estable de financiación, «el deterioro de la red seguirá aumentando, con impactos negativos sobre la competitividad, la seguridad y la movilidad».
La Cámara considera el pago por uso por distancia recorrida como “el modelo más eficiente” y solo valoraría la tarifa plana o viñeta como “solución transitoria” y que debería aplicarse en todo el Estado. En paralelo, la entidad presidida por Josep Santacreu pide planificar y ejecutar el traspaso de todas las carreteras de titularidad estatal a la Generalitat, siguiendo el ejemplo del País Vasco.
Según la entidad, el modelo de tarifa tendría que ser único y equitativo para todo el Estado y destinado exclusivamente a la mejora y digitalización de las vías. La Cámara de Barcelona recuerda que el levantamiento de los peajes en las autopistas catalanas en 2021, con la finalización de las concesiones de la AP-7, la AP-2, la C-32 norte y la C-33, ha provocado un fuerte incremento del tráfico que se ha traducido en una mayor congestión, siniestralidad y desgaste de la infraestructura.
Un caso destacable es el de la AP-7, que ya opera en el “límite” de su capacidad y en solo cinco años en algunos tramos ha incrementado un 37% el tráfico de vehículos ligeros y un 55% el de vehículos pesados.
A esta situación cabe añadir también un creciente déficit de inversión en conservación vial. Los datos del sector señalan que más de la mitad de las carreteras del Estado y de Catalunya presentan un deterioro «grave o muy grave», mientras que la inversión anual efectiva en mantenimiento «es claramente insuficiente» para revertir esta situación.
En este sentido, la corporación considera «imprescindible» reanudar el debate sobre la financiación y recuerda que en 2021 el Estado adquirió con la UE el compromiso de establecer un mecanismo de pago por uso en las carreteras estatales, con implantación en 2024. Un proyecto que, sin embargo, fue frenado y retirado dos años más tarde, con el acuerdo de Bruselas, en base a la incorporación de nuevas medidas de cara a cumplir los objetivos medioambientales del Pla de Recuperació, concretamente la promoción del transporte ferroviario.
En paralelo, también terminó en el cajón la fórmula trabajada por la Generalitat antes de la pandemia con una propuesta de viñeta o tarifa plana por toda la red que pagarían todos los usuarios, que supondría del orden de 1.000 millones de euros anuales de ingresos.
La Cámara defiende que la situación preexistente de elevada deuda pública y de déficit de inversión en el mantenimiento y mejora de la red «hace necesaria la introducción del pago por uso como garantía del mantenimiento de una red de carreteras en buen estado de conservación y seguridad». También debería aplicarse tanto para los vehículos pesados como ligeros, con una tarifa variable en función del vehículo y de sus emisiones contaminantes.
A la vez, defienden que el traspaso de la titularidad de todas las carreteras a la Generalitat «facilitaría una gestión integral de la red desde todos los puntos de vista, manteniendo las inversiones necesarias para la mejora de la red viaria bajo la responsabilidad del Gobierno del Estado».
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