El secretario general de CCOO, Unai Sordo, ha participado este jueves en una asamblea con delegados y delegadas sindicales en Oviedo, donde se han celebrado también encuentros con el personal de extensión sindical y los movimientos sociales asturianos, así como una manifestación por el derecho a la vivienda.
Sordo ha defendido que la ofensiva sindical es en este momento más necesaria que nunca. “Estamos pidiendo subidas salariales de hasta el 7% para este año y los dos que vienen, una reivindicación que cobra más sentido en un momento en el que el incremento de los precios parece inevitable producto de la guerra de Trump en Oriente Medio”, recalcó ante los medios de comunicación.
Si el conflicto no acaba, señaló, es previsible que el incremento del IPC y de los precios se extienda al conjunto de la cesta de la compra. “Por tanto, es necesaria una mejora de los salarios de los trabajadores. No puede ser como ocurrió después de la guerra de Ucrania, que el coste del incremento de precios se distribuya de una forma tan desigual y tan injusta”, resaltó.
En este sentido, resaltó como durante la crisis inflacionista de 2022, las empresas mantuvieron o, incluso, mejoraron sus márgenes empresariales al subir los precios debido al incremento de los costes, subida que no remitió cuando cayeron los costes. “Subieron sus beneficios y no subieron en igual línea los salarios de la gente. Por tanto, esta es nuestra principal reivindicación en este momento”, destacó.
Igualmente, señaló el “profundo desacuerdo” del sindicato con el dictamen del Consejo de Estado que cuestiona el decreto de registro horario pactado entre el gobierno y las organizaciones sindicales. “No nos parece ni medio normal que el Consejo de Estado argumente que hay un ataque a la protección de datos por utilizar herramientas digitales para poder hacer un seguimiento del control horario”, lamentó.
Sordo insistió en que “no puede ser que en España se siga contemporizando con el fraude sistemático en las horas extras que existe y que hace que las empresas ahorren 3.400 millones de euros al año. Que haya 140 millones de horas extras que ni se pagan ni se cotizan”.
Por eso, desde CCOO se exige al Gobierno que continúe con la tramitación del decreto de registro horario, pese al dictamen del Consejo de Estado. “El Consejo no puede pretender instituirse en una especie de cámara legislativa ad hoc para descafeinar las medidas que el gobierno pacta con los sindicatos donde ojalá estuvieran las organizaciones empresariales, pero si no están, pues es un problema. No puede ser que dé dos audiencias a las organizaciones empresariales y no haya escuchado la voz de las organizaciones sindicales”, concluía Sordo.
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