La situación de los 150 los camioneros de la empresa polaca Polonia Agmaz-Lukmaz e Imperia, los que están en huelga en las estaciones de servicio de Gräfenhausen en la localidad alemana de Hesse a ambos lados de la autopista A-5, continúa estancada, despues de que el empresario les denunciara por extorsión.
El fin de semana pasado, los camioneros encargaron a Edwin Atema, de la fundación Road Transport Due Diligence (RTDD), que actuara como portavoz y negociador de ellos, los conductores quieren abrir un diálogo de esta manera y lo compartieron con los tres líderes de la compañía Lukasz Mazur.
Hasta el momento no ha habido reacción por parte de la empresa, simplemente se ha ignorado la oferta de diálogo. Hoy miércoles la policía alemana está en el lugar para identificar a todos los conductores que se encuentran en el lugar y ofrecerles que testifiquen en el caso penal en su contra por parte de la empresa. Hasta ahora, los conductores solo han oído hablar de los cargos penales en su contra a través de los medios y no conocen las acusaciones exactas.
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Edwin Atema comentó que: «Dado que los conductores no conocen las acusaciones exactas y están tratando con una empresa que actúa como bandidos utilizando métodos cuestionables, hemos aconsejado a los conductores en este momento que solo hagan declaraciones a la policía si han consultado y contratado un abogado. Legalmente, no es posible en un procedimiento de este tipo que todos los conductores estén representados por el mismo abogado, sino que cada conductor debe estar representado por su propio abogado individual. Estas reglas existen para evitar conflictos de intereses en un proceso penal en el que varias personas son acusadas de la misma infracción. Los conductores individuales están felices de compartir sus historias con las autoridades, pero primero deben contratar a un abogado. Eso podría requerir dos autobuses llenos de abogados para apoyar a los conductores contra el intento de criminalización. Este proceso puede llevar semanas o meses y no ayudará a resolver la situación actual».
Por su parte, Renate Sternatz, vicepresidenta de la DGB Hessen-Thüringen afirmó que: «Ahora se requiere que Mazur acepte la oferta de mediación y cree soluciones. Es indignante criminalizar a los conductores. En este caso, los perpetradores no están en un estacionamiento en Gräfenhausen, sino en la sede de la empresa en Polonia. Mazur y sus secuaces fueron arrestados durante la Pascua de este año durante la protesta anterior en Gräfenhausen. Desde entonces, ha sido investigada bajo sospecha de un caso particularmente grave de alteración del orden público, lesiones corporales, interrupción de una reunión y presunta violación de la Ley de Control de Armas de Guerra».
Sternatz continuó afirmando que: «Sería bueno que las autoridades proporcionaran la información más reciente sobre sus investigaciones criminales contra el propietario de la empresa Mazur y sus secuaces. También en la protesta actual en Gräfenhausen, los camioneros temen nuevos ataques de la empresa, como en el pasado. Aunque estos conductores llegaron a Europa para trabajar y ganar dinero para mantener a sus familias, terminan siendo explotados y criminalizados por su empresa»».
#Gräfenhausen: Lkw-Fahrer machen weiterhin Gesprächsangebote und warten auf die Dialogbereitschaft von #Mazur. @AtemaEdwin @dgb_news @DGBHeTh @SKoerzell pic.twitter.com/eknoBcmrXZ
— Faire Mobilität (@FaireMobilitaet) August 14, 2023
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