Europa está reforzando sus capacidades de defensa mediante el Paquete de Movilidad Militar de la UE, diseñado para facilitar el rápido desplazamiento de tropas y equipos a través de las fronteras en tiempos de crisis. Si bien el objetivo de mejorar la preparación es legítimo, debe llevarse a cabo respetando plenamente los derechos fundamentales, las normas sociales y la gobernanza democrática.
ETF acaba de publicar un documento de posición exhaustivo en respuesta al paquete de movilidad militar de la Comisión Europea. Lea la versión completa aquí: «Protección de los trabajadores en los planes de movilidad militar de Europa» está disponible aquí .
La Federación Europea de Trabajadores del Transporte (ETF) se rige por su compromiso con la paz, el derecho internacional y el multilateralismo. El movimiento sindical europeo rechaza el uso de la fuerza para modificar fronteras, apoya la diplomacia y reconoce el derecho a la legítima defensa. Al mismo tiempo, el aumento de la capacidad de defensa no debe ir en detrimento de los derechos de los trabajadores ni contribuir a una escalada del conflicto.
Fundamentalmente, la propuesta actual no reconoce adecuadamente que la movilidad militar depende en gran medida del personal de transporte civil. El personal de las empresas de transporte civil ya realiza la gran mayoría de las actividades de transporte militar en Europa. Sin embargo, la propuesta no aborda suficientemente sus derechos, protecciones ni condiciones laborales, ni tampoco los desequilibrios actuales del mercado laboral, que constituyen un obstáculo para un transporte fluido en Europa.
Los poderes de emergencia deben estar claramente definidos y estrictamente limitados.
La propuesta introduce un Sistema Europeo de Respuesta Mejorada para la Movilidad Militar (EMERS), que permite medidas de transporte excepcionales durante las crisis. Si bien la coordinación en situaciones de emergencia es necesaria, la ausencia de definiciones y salvaguardias claras genera riesgos graves.
El Reglamento debe definir explícitamente qué constituye una «emergencia» y garantizar que los poderes de emergencia sigan siendo estrictamente excepcionales, proporcionados y con una duración limitada. Sin tales salvaguardias, las excepciones temporales corren el riesgo de convertirse en instrumentos de gobernanza permanentes, un patrón que ya se ha observado en las respuestas de la UE a las crisis.
Lo más importante es que la huelga nunca puede considerarse una emergencia. El derecho a la huelga es un derecho fundamental protegido por la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea y debe quedar explícitamente excluido del ámbito de aplicación del Sistema de Medidas de Emergencia (EMERS).
No se admiten excepciones a las normas laborales sin diálogo social.
La propuesta contempla exenciones a las normas fundamentales de trabajo y competencia leal, como el tiempo de trabajo, los periodos de descanso y las restricciones al cabotaje. Estas normas no representan una carga administrativa, sino salvaguardas esenciales para la salud, la seguridad y la competencia leal de los trabajadores.
Cualquier excepción a estas normas debe estar estrictamente justificada y ser proporcional, debe tener una duración limitada y debe estar sujeta a negociación previa con los interlocutores sociales, incluidos los mecanismos de compensación para los trabajadores afectados.
La relajación unilateral de las normas laborales es inaceptable. Debilitar las protecciones no mejorará la resiliencia; agravará la escasez de mano de obra y desestabilizará aún más los sectores del transporte, que ya se encuentran bajo presión.
La resiliencia requiere buenos empleos.
El paquete de movilidad militar se basa en la premisa de que los sistemas de transporte pueden absorber la presión adicional durante las crisis. Esta premisa no se corresponde con la realidad.
En toda Europa, el sector del transporte se enfrenta a una grave escasez de mano de obra, al envejecimiento de sus plantillas y a persistentes dificultades para la contratación y retención de personal. Los niveles de plantilla suelen ser ya mínimos, lo que limita la flexibilidad operativa.
La resiliencia no se logra sobrecargando a una fuerza laboral ya de por sí vulnerable. Requiere inversión en condiciones laborales, niveles de personal adecuados y un mercado laboral que funcione correctamente. Sin esto, el sistema no podrá responder eficazmente en tiempos de crisis.
Se trata de retos a largo plazo, derivados de decisiones políticas y de la creciente competencia en el sector del transporte. Un paquete de movilidad militar no solucionará la situación, pero reconocer los desafíos actuales y la necesidad de actuar son pasos imprescindibles.
La formación, la seguridad y los derechos fundamentales deben estar garantizados.
El transporte de equipo militar no es una operación rutinaria. Requiere capacitación especializada, coordinación y estrictas normas de seguridad. La propuesta actual no aborda adecuadamente estos requisitos.
Además, la posible movilización de recursos civiles —y posiblemente de trabajadores— plantea preocupaciones en materia de derechos fundamentales. El Reglamento debe reconocer explícitamente el derecho a la objeción de conciencia, consagrado en los instrumentos internacionales y europeos de derechos humanos.
Los trabajadores deben tener derecho a negarse a participar en operaciones de transporte militar por motivos de conciencia, y deben establecerse protecciones legales claras.
Los interlocutores sociales deben ser fundamentales para la gobernanza.
El marco de gobernanza propuesto en el paquete corre el riesgo de marginar a los interlocutores sociales. Esto es inaceptable.
Los sindicatos y los empleadores poseen conocimientos operativos esenciales y deben integrarse plenamente en las estructuras de toma de decisiones. Una gestión eficaz de las crisis depende de la confianza, y la confianza requiere un diálogo social significativo e institucionalizado, no consultas posteriores a que las decisiones ya se hayan tomado.
Un enfoque que involucre a todo el gobierno, tal como se contempla en el marco de la UE, debe ser también un enfoque que involucre a toda la sociedad, incluyendo a los trabajadores y sus representantes.
La seguridad y la justicia social son interdependientes.
El fortalecimiento de la movilidad militar forma parte de la respuesta de Europa a un entorno de seguridad cambiante. Sin embargo, la resiliencia no se limita a la infraestructura, los procedimientos o la rapidez, sino que también depende de las personas.
Los trabajadores del transporte no son simplemente un recurso logístico. Son profesionales cualificados cuyos derechos, seguridad y dignidad deben ser protegidos en todo momento.
Si la UE no logra el equilibrio adecuado, corre el riesgo de socavar los mismos valores democráticos que pretende defender. La seguridad y la justicia social no son prioridades contrapuestas; se refuerzan mutuamente y deben avanzar de la mano.
El Comité Económico y Social Europeo emitió un dictamen sobre el paquete de medidas, reconociendo muchas de las prioridades señaladas por el ETF. El expediente se encuentra actualmente en debate en el Parlamento Europeo y el Consejo. Estamos haciendo oír nuestra voz ante los responsables políticos para garantizar que el texto final refleje las opiniones de los trabajadores que impulsan Europa.
Se eliminarán los comentarios que contengan insultos o palabras malsonantes.