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La Administración Tributaria portuguesa exige trabas burocráticas imposibles a los transportistas españoles al reclamar facturas directas de las concesionarias de autopistas en lugar de admitir los justificantes de los proveedores de telepeaje, afirman desde Fenadismer.
Esto ha sido como consecuencia de una consulta realizada por la federación de transportistas, donde la Comisión Europea da la razón al sector y califica la práctica de Portugal de «desproporcionada» y «contraria al Derecho de la UE».
Desde la Federación Nacional de Asociaciones de Transporte de España (FENADISMER), denuncian públicamente la estrategia de bloqueo que está aplicando la Administración Tributaria de Portugal para denegar sistemáticamente la devolución del IVA soportado en los peajes de sus autopistas a miles de transportistas españoles.
Piden las facturas
El gobierno de Portugal está rechazando estas solicitudes con la excusa de que las empresas deben aportar facturas directas emitidas por las concesionarias de las autopistas.
Esta exigencia ignora por completo la realidad operativa del sector, donde los transportistas no tienen relación jurídica con las concesionarias, sino que articulan sus contratos y pagos a través de las diferentes empresas intermediarias de telepeaje que operan en España y el resto de Europa.
«Ante este atropello que vulnera gravemente los derechos económicos de las empresas de transporte, se trasladó una consulta vinculante a la Comisión Europea para evaluar la legalidad de esta práctica. La respuesta del Ejecutivo Comunitario ha sido tajante a favor de los transportistas, desmontando el criterio fiscal de las autoridades portuguesas», afirma al federación española,
Lo que dice la Comisión Europea
Además, desde la Comisión Europea, han recordado que, si bien la presentación de facturas es obligatoria bajo la Directiva europea 2008/9/CE reguladora del IVA intracomunitario, la exigencia de una factura emitida por la concesionaria es del todo «desproporcionada» cuando el solicitante acredita la operación mediante los documentos del intermediario de telepeaje.
En este sentido, el dictamen europeo subraya dos principios fundamentales: de una parte la imposibilidad jurídica que supone exigir al transportista un documento emitido por un tercero con el que no mantiene ninguna relación contractual y cuya obtención no depende de su voluntad, y de otra parte que denegar el IVA disponiendo de los justificantes del operador de telepeaje y las pruebas de pago vulnera
frontalmente los principios de neutralidad del IVA y de proporcionalidad reconocidos por la legislación europea.
¿Una maniobra recaudatoria?
Para FENADISMER, la actitud de la Hacienda del país luso supone una maniobra recaudatoria injustificable que afecta muy negativamente a la liquidez e las empresas españolas que operan rutas internacionales en el país vecino.
«Los transportistas españoles ya aportan documentación fiscalmente válida que identifica perfectamente la operación, el destinatario y el IVA efectivamente soportado de acuerdo con las directivas europeas de facturación».
Por todo ellos, desde la federación de transportistas españoles, afirman que van a iniciar un procedimiento de infracción ante las instituciones europeas contra las autoridades fiscales de Portugal con el objetivo de revertir de inmediato este atropello a los transportistas españoles absolutamente ilegal, admitiendo la suficiencia probatoria de los documentos de telepeaje expedidos por las empresas intermediarias.
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