La Organización Internacional del Transporte por Carretera (IRU), ha celebrado la votación de la Comisión de Empleo y Asuntos Sociales del Parlamento Europeo (EMPL) sobre el acuerdo provisional que revisa la coordinación de los sistemas de seguridad social a nivel de la UE.
Tras la aprobación del acuerdo provisional por parte de los Estados miembros, la votación del EMPL refuerza el impulso hacia la adopción definitiva, al tiempo que preserva varias prioridades defendidas sistemáticamente por el sector del transporte por carretera para lograr operaciones transfronterizas más viables y predecibles.
La directora de la IRU para la UE, Raluca Marian, declaró: «La votación respalda un marco más predecible y viable para las operaciones de transporte transfronterizo de alta movilidad, al tiempo que evita una carga administrativa adicional para los operadores. El Parlamento respaldó las prioridades clave del sector, entre ellas, preservar el marco existente para los conductores que trabajan en varios países, evitar nuevos requisitos de notificación e introducir un plazo de 35 días hábiles para que las instituciones respondan a las consultas sobre seguridad social o a las solicitudes de retirada, lo que ayuda a reducir el tiempo que los operadores pasan en el limbo durante las disputas entre las autoridades», añadió.
Lo que ofrece a las empresas de transporte:
.- Continuidad para las operaciones transfronterizas: se mantiene el marco existente para los conductores que trabajan en varios países, evitando interrupciones.
.- Planificación más predecible: el sistema aplicable se determina con antelación, en función de la actividad prevista durante los próximos 12 meses, lo que reduce el riesgo de cambios retroactivos.
.-Sin carga administrativa adicional: no se aplican requisitos de notificación previa a las operaciones de transporte por carretera en varios países.
.- Mayor seguridad jurídica: procedimientos más claros, plazos definidos y sanciones proporcionales reducen las disputas y brindan mayor certeza durante las inspecciones.
El objetivo de esta revisión es mejorar la colaboración entre los sistemas nacionales de seguridad social en toda la UE, apoyando la movilidad laboral y reduciendo la incertidumbre jurídica para las personas y las empresas que operan a través de las fronteras.
Para las empresas, esto es especialmente importante dada la naturaleza altamente móvil de las operaciones transfronterizas.
Varios elementos fundamentales defendidos por la IRU se reflejan en el acuerdo, que favorece una mayor previsibilidad, estabilidad y seguridad jurídica para las operaciones de transporte por carretera transfronterizas.
Se mantiene el marco normativo vigente para los conductores que trabajan en dos o más países. Al mismo tiempo, se introducen plazos más claros para determinar con antelación qué sistema nacional se aplica, en función de la actividad prevista durante los siguientes 12 meses y con una validez de hasta 24 meses. Esto evita cambios fragmentados o retroactivos y facilita una planificación más predecible para los operadores.
Es importante destacar que no se requiere notificación previa cuando los conductores trabajan en varios países. Esto evita una carga administrativa adicional para operaciones con alta movilidad.
Se mantienen las normas que determinan el lugar de establecimiento de una empresa, con directrices adicionales para garantizar una aplicación coherente en todos los Estados miembros. Ningún factor es determinante por sí solo, lo que aborda la preocupación por una dependencia desproporcionada de criterios individuales.
Procedimientos más claros
Se aclaran y refuerzan los procedimientos para la emisión y verificación del documento que acredita la aplicación del sistema de seguridad social del país. Los plazos definidos para las respuestas, incluido un plazo de 35 días hábiles, contribuyen a reducir las disputas entre las autoridades y brindan mayor certeza durante las verificaciones. Las sanciones siguen siendo proporcionales y no pueden conllevar la pérdida de los derechos de seguridad social.
El expediente avanza ahora hacia su adopción definitiva. Tras la aprobación de los Estados miembros y la ratificación del comité en el Parlamento Europeo, el siguiente paso es la adopción formal por ambas instituciones.
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