España tiene un problema grave en el transporte por carretera. No es falta de camiones. No es falta de autobuses. No es solo falta de conductores. Es falta de vergüenza institucional.
Durante años se ha construido un sector estratégico sobre una ficción insoportable: legalidad en el papel y precariedad en la carretera. La jornada real no coincide con la jornada legal; los tiempos de espera desaparecen; las disponibilidades se maquillan; las horas extraordinarias se evaporan; las nóminas no reflejan lo trabajado; y demasiados conductores siguen cargando, descargando, limpiando autocares o permaneciendo al servicio de la empresa como si su cuerpo fuera una pieza más del vehículo.
Esa es la tesis central que vengo denunciando: el transporte español no funciona por eficiencia, sino porque una parte del coste se descarga sobre la salud, el tiempo y la vida del conductor asalariado.
Ahora llega la gota que colma el vaso: la jubilación anticipada de los conductores profesionales mediante coeficientes reductores vuelve a quedar atrapada en la maquinaria administrativa.
El Real Decreto 402/2025 fijó un procedimiento para reconocer coeficientes reductores en actividades excepcionalmente penosas, peligrosas, tóxicas o insalubres, y establece un plazo máximo de seis meses para resolver y notificar; si no hay resolución expresa, la solicitud puede entenderse desestimada por silencio administrativo en los términos previstos en la propia norma. Según las informaciones sectoriales, abril de 2026 marcaba el vencimiento de esos seis meses desde la solicitud de patronales y sindicatos, y CCOO ya advertía del riesgo de desestimación por silencio administrativo.
Esto no es un retraso menor. Es una bofetada.
Porque mientras la Administración calcula, recopila, cruza bases estadísticas, pide informes, constituye comisiones, redacta memorias y se parapeta detrás del “procedimiento”, hay conductores con 60, 62, 64 o 65 años subiendo a un camión o a un autobús después de décadas de noches, estrés, sueño roto, presión horaria, accidentes evitados por centímetros, enfermedades musculoesqueléticas y una carga mental que ningún despacho ministerial parece querer medir de verdad.
El Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, dirigido por Elma Saiz, tiene que dar una explicación pública inmediata. No basta con decir que el informe de morbilidad y mortalidad “no se demorará”. No basta con prometer que se está trabajando. La propia norma del Gobierno fija el plazo. Si el plazo se incumple, el problema no es de los conductores: es del Gobierno.
Y el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible, con Óscar Puente al frente, tampoco puede esconderse detrás de la Seguridad Social. Transportes no puede limitarse a hablar de sostenibilidad, digitalización, infraestructuras y eficiencia mientras el factor humano que sostiene el sistema —el conductor—, queda relegado al último párrafo de cada discurso. Un transporte sostenible que exprime a sus trabajadores no es sostenible: es propaganda.
La pregunta es sencilla: si la Administración quiere aprobar normas cuando le interesa por vía urgente, ¿por qué cuando se trata de proteger la salud de los conductores todo se vuelve lento, técnico, prudente y “complejo”?
La respuesta también es sencilla: porque tocar la jubilación anticipada toca el modelo de negocio. Reconocer coeficientes reductores significa admitir oficialmente que esta profesión desgasta, enferma y mata antes. Y reconocer eso obliga a pagar. A pagar cotizaciones adicionales, a reorganizar plantillas, a contratar relevo generacional, a dejar de utilizar a trabajadores agotados como si fueran recursos infinitos.
Por eso hay que dejar de pedir favores. Hay que exigir derechos.
La huelga del transporte por carretera de mercancías y viajeros debe convocarse ya. No dentro de tres meses. No después del verano. No cuando la Administración vuelva de vacaciones con la misma carpeta debajo del brazo. Ya.
La fecha idónea debe ser la primera que permita cumplir escrupulosamente el preaviso legal desde el mismo momento en que sindicatos, representantes de los trabajadores y demás sujetos legitimados registren la convocatoria.
Si se registra de inmediato, el martes 19 de mayo de 2026 permitiría iniciar una primera fase de 72 horas —19, 20 y 21 de mayo—, con advertencia expresa de huelga indefinida desde el lunes 25 de mayo si antes no hay compromisos escritos, calendario oficial y resolución expresa. En sectores afectados por servicios públicos, el preaviso debe respetar los diez días naturales y publicitarse ante los usuarios; además, la comunicación debe recoger objetivos, gestiones realizadas, fecha de inicio y composición del comité de huelga.
La convocatoria debe ser impecable. Legal. Masiva. Coordinada. Sin aventuras, sin bloqueos improvisados, sin coacciones, sin piquetes violentos y sin regalar argumentos a quienes quieren criminalizar cualquier protesta del transporte. Una huelga de trabajadores no consiste en cortar carreteras: consiste en dejar de prestar servicio dentro del marco legal. Camión parado. Autobús parado.
Empresas notificadas. Autoridad laboral comunicada. Comité de huelga constituido. Servicios mínimos respetados cuando procedan. Caja de resistencia. Concentraciones autorizadas ante el Ministerio de Inclusión, el Ministerio de Transportes y las delegaciones del Gobierno. Y una exigencia clara: no se desconvoca por palabras; se desconvoca por BOE, resolución expresa o compromiso escrito con fechas verificables.
Esta huelga deben registrarla quienes estén legitimados para ello conforme a la normativa vigente, con objetivos de naturaleza laboral, profesional y sectorial, comunicación formal a las empresas afectadas y a la autoridad laboral, comité de huelga correctamente constituido, respeto a los servicios mínimos que se acuerden o establezcan cuando proceda y máxima publicidad para usuarios y trabajadores.
Los objetivos mínimos deben ser cinco.
Primero: resolución expresa e inmediata del procedimiento de coeficientes reductores para conductores profesionales de mercancías y viajeros, evitando cualquier desestimación por silencio administrativo.
Segundo: calendario público para aprobar el real decreto que reconozca la jubilación anticipada del colectivo, con criterios objetivos de penosidad, peligrosidad, morbilidad y mortalidad.
Tercero: régimen transitorio para los conductores de mayor edad que ya han soportado décadas de desgaste y no pueden esperar otros dos años de estudios, informes y comisiones.
Cuarto: plan estatal de inspección laboral en transporte por carretera: jornadas reales, tiempos de espera, disponibilidad, carga y descarga, limpieza de vehículos, nóminas, cotizaciones y descansos. No más inspecciones que miran el tacógrafo para sancionar al conductor y cierran los ojos ante la empresa que se beneficia del abuso. Lo he explicado con crudeza: la ley prohíbe muchas de estas prácticas, pero el incumplimiento visible se ha convertido en paisaje y la Administración actúa como espectadora.
Quinto: blindaje del anunciado registro horario digital para que no nazca muerto en el transporte. Precisamente por eso hay que decirlo alto: el tacógrafo no puede ser la coartada para vaciar el registro laboral. El tacógrafo controla conducción, pausas y descanso; no registra toda la jornada laboral real del asalariado, no recoge muchas tareas fuera del vehículo y no garantiza por sí solo un control laboral completo, fiable y fiscalizable por la Inspección de Trabajo.
Que nadie confunda simplificación con impunidad
El registro digital no debe seguir el mismo camino que la jubilación anticipada: prometer mucho, anunciar mucho, tramitar mucho y acabar permitiendo que los mismos de siempre impongan una excepción sectorial diseñada para que nada cambie.
Porque ese es el núcleo del problema: algunos quieren que el transporte siga funcionando como hasta ahora. Que el conductor cargue cuando no debe. Que espere sin cobrar. Que duerma menos. Que firme nóminas incompletas. Que use el tacógrafo como escudo de la empresa y como látigo contra sí mismo. Que calle para no perder el puesto. Que enferme en silencio. Que llegue a los 67 años agarrado al volante como si conducir un tráiler o un autocar fuera lo mismo que sentarse en una mesa de despacho.
No lo es.
Durante la pandemia, este país aplaudía a los conductores profesionales como héroes. Se les llamó esenciales porque lo eran. Mientras millones de personas permanecían confinadas, ellos siguieron en la carretera para que las estanterías de los supermercados no quedaran vacías, para que la cadena de suministro no se rompiera, para que llegaran alimentos, medicinas, productos sanitarios y mercancías imprescindibles. Alargaron jornadas, soportaron incertidumbre, ajustaron descansos a la excepcionalidad, trabajaron con miedo, con presión y con una responsabilidad enorme sobre sus espaldas. Entonces sí eran imprescindibles. Entonces sí se les reconocía públicamente. Entonces sí convenía aplaudirlos.
Pues bien: ha llegado la hora de devolver aquel esfuerzo con hechos, no con discursos. Aprobar ya los coeficientes reductores no es un regalo; es la mínima devolución de dignidad a quienes sostuvieron este país cuando más falta hacía.
El descanso diario no es un lujo. La salud no es una concesión. La jubilación anticipada no es un privilegio. Es una medida de justicia laboral y seguridad vial. En mis artículos y opiniones he insistido en una idea demoledora: la reducción excepcional del descanso se ha convertido en método de explotación, y la fatiga crónica no solo destruye al trabajador, también convierte la carretera en un espacio más peligroso para todos.
La Administración sabe todo esto. Las patronales lo saben. Los sindicatos lo saben. Las empresas cumplidoras también lo saben, porque son las primeras perjudicadas por competir contra quienes abaratan costes escondiendo horas, cotizaciones y salarios. Aquí no falta información. Falta voluntad.
Y cuando falta voluntad, solo queda presión.
Por eso la huelga no debe plantearse como una amenaza teatral, sino como una herramienta democrática para obligar al Estado a hacer su trabajo. Si el transporte es estratégico para llenar supermercados, mover fábricas, llevar viajeros, sostener turismo, abastecer hospitales y mantener viva la economía, entonces sus trabajadores también son estratégicos. No se puede llamar esencial al servicio y tratar como prescindible a quien lo presta.
Los conductores no pueden seguir esperando a que la Administración termine de ordenar papeles mientras ellos desordenan su salud. No pueden esperar al otoño. No pueden esperar a que pase el verano. No pueden esperar a que los ministerios conviertan cada informe en una excusa y cada comisión en un aparcamiento.
La huelga debe convocarse ahora.
Y debe convocarse con una frase sencilla, comprensible y justa:
“Sin jubilación anticipada, sin control laboral real y sin respeto al conductor, España se para.”
.- Porque ya está bien.
.- Ya está bien de discursos.
.- Ya está bien de mesas.
.- Ya está bien de titulares.
.- Ya está bien de promesas.
El transporte por carretera ha puesto demasiadas veces el hombro. Ahora toca poner el puño encima de la mesa.
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