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La Autoridad de Competencia y Mercados (CMA) de Reino Unido ha abierto una investigación a Ryanair por imponer el pago de una tasa adicional de ocho libras a los padres que quieran sentarse junto a sus hijos, incluidos aquellos con algún tipo de discapacidad.
En España, el Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 ha sancionado con casi 108 millones de euros a la aerolínea irlandesa por cometer esta y otras prácticas abusivas. La compañía ha recurrido la multa en tribunales.
Infracciones muy graves
Entre las prácticas calificadas como infracciones «muy graves» que han sido sancionadas por el departamento que lidera Pablo Bustinduy está el exigir el pago de un suplemento por el transporte de equipaje de mano en cabina (práctica denunciada por FACUA), exigir el pago de un sobrecoste sobre el precio del billete por la reserva de asientos contiguos en el caso de menores y personas dependientes y de sus acompañantes, o cobrar una cantidad desproporcionada a los pasajeros por imprimir el billete en la terminal cuando no disponen de él, entre otras.
Además de la sanción económica, la resolución de Consumo también incluye la prohibición expresa de continuar con dichas prácticas.
Ryanair califica la investigación como «falsa»
La compañía de Michael O’Leary ha calificado la investigación como «falsa» y ha asegurado que espera «refutar estas afirmaciones falsas de la CMA». La aerolínea ha llegado a afirmar que no cobra ninguna tarifa por que los niños se sienten junto a sus padres o al adulto que los acompaña pese a que en España ya ha sido sancionada por esta práctica.
FACUA confía en que, al igual que ya ha hecho España, la Autoridad de Competencia y Mercados de Reino Unido sancione a Ryanair por vulnerar los derechos de los consumidores por su práctica de imponer el pago de una tasa adicional a los padres que quieran sentarse junto a sus hijos.
Los pasajeros que sufran este recargo adicional pueden reclamar la devolución del dinero
En caso de que la compañía se niegue a reembolsárselo, tienen derecho a ir a tribunales. La asociación mantiene abierta una plataforma de afectados para reclamar la devolución de los cargos irregulares que imponen las aerolíneas.
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