La Alianza Nacional de Auxilio en Carretera, ante la crisis generada por la Guerra en el Golfo Pérsico, continúa preocupada por la negativa de las aseguradoras a aplicar cualquier tipo de indexación a sus tarifas del incremento del precio del combustible y otros insumos que se ven afectados por la crisis derivada del conflicto bélico.
Por este motivo, ha trasladado a la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones (DGSFP) una consulta formal en la que alerta sobre el riesgo creciente para la viabilidad del servicio de grúas en España, derivado del incumplimiento sistemático por parte de las aseguradoras de la obligación legal de actualizar las tarifas conforme a la evolución del precio del combustible.
La organización ha presentado un escrito ante la Subdirección General de Inspección en el que pone en conocimiento una práctica generalizada en el sector asegurador: la omisión de la indexación obligatoria del coste del combustible en los servicios de auxilio en carretera, pese a tratarse de una exigencia normativa de carácter imperativo recogida en el artículo 38 de la Ley 15/2009 de contrato de transporte terrestre de mercancías.
Según expone la Alianza, esta situación no es nueva. Durante el periodo de fuerte incremento de los precios energéticos provocado por el conflicto en Ucrania (2022-2024), la mayoría de las aseguradoras del ramo de automóviles ya evitaron aplicar esta revisión automática de tarifas. En el contexto actual de elevada volatilidad derivada del conflicto con Irán en 2026, esta práctica persiste, agravando la presión económica sobre las empresas de auxilio.
La Alianza subraya que el incumplimiento de esta obligación legal tiene un impacto directo en la sostenibilidad del sector, compuesto mayoritariamente por pequeñas y medianas empresas que asumen el incremento de costes sin posibilidad de repercutirlos. Esta situación, advierten, compromete no solo la solvencia de las compañías de auxilio, sino también la calidad y continuidad del servicio prestado a los ciudadanos.
En su escrito, la organización plantea además una cuestión clave en materia de supervisión: si este incumplimiento sistemático por parte de las aseguradoras debe ser considerado una deficiencia en sus sistemas de cumplimiento normativo (compliance) y, por tanto, objeto de auditoría dentro de las funciones de control de la DGSFP, conforme a la normativa europea (Reglamento Delegado UE 2015/35) y la legislación nacional (artículo 65.3 de la LOSSEAR).
“La no aplicación de una norma imperativa en la contratación de servicios externos supone, a nuestro juicio, una quiebra de las políticas de cumplimiento normativo de las aseguradoras y una conducta de mercado que debe ser objeto de supervisión”, señala el portavoz de la Alianza, Xavier Martí en su comunicación.
Por ello, la organización solicita a la DGSFP que emita un informe o criterio interpretativo que clarifique el alcance de estas prácticas desde el punto de vista del cumplimiento normativo, así como que valore requerir a las entidades aseguradoras información sobre cómo están integrando la obligatoriedad de la indexación del combustible en sus sistemas de control interno.
La Alianza Nacional de Auxilio en Carretera insiste en la necesidad de garantizar un marco contractual equilibrado y ajustado a la legalidad, que permita preservar la viabilidad de un servicio esencial para la seguridad vial y la movilidad de los ciudadanos.
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