Para el sindicato CCOO, la aprobación hoy por el Consejo de Ministros de la reforma parcial del vigente Reglamento de Extranjería supone la apertura de un proceso de regularización extraordinaria para personas extranjeras en situación administrativa irregular desde mañana hasta el próximo día 30 de junio.
Facilitar el acceso a la documentación a personas que ya están en España supone un ejercicio de responsabilidad política pero también un acto de realismo: esas personas -hasta este momento- estaban trabajando en la economía sumergida en condiciones precarias e indignas y a partir de ahora ya podrán concurrir al mercado de trabajo en igualdad de condiciones con sus derechos reconocidos y con sus preceptivas cotizaciones, las cuales generarán derechos para tanto para ellas como para la sociedad española en su conjunto (desempleo, jubilaciones…).
CCOO exige que el Gobierno de España esté a la altura de las circunstancias para un proceso de la magnitud prevista, dotando adecuadamente a las administraciones competentes tanto en personal como en medios para afrontar el desafío de este proceso, facilitando la transparencia y agilidad de los miles de expedientes previstos con claridad en la aplicación de los requisitos exigidos.
Conflictos como el que se ha iniciado en las Oficinas de Extranjería responden a esta falta de medios, un problema estructural en dichas oficinas que el sindicato ha venido denunciando.
El proceso administrativo tendrá un alto impacto y afectación al servicio público en sus distintas fases y requiere ser abordado de manera adecuada, con planteamientos necesarios de dotación de recursos humanos y materiales. Es necesario mejorar la actuación de la Administración General del Estado con suficientes medios, como clave de una gestión eficiente y coherente con la defensa del empleo público.
Las externalizaciones, tal como ha denunciado el sindicato en varias ocasiones, son un deterioro constante del servicio público que se presta con fondos del Estado, que deberían estar orientados a mejorar las condiciones de trabajo de las plantillas de la Administración General del Estado.
Por su parte, Comisiones Obreras ha asumido el compromiso – como ha venido haciendo desde el año 1989- de adecuar su estructura territorial y federativa para implementar una amplia red de personas que informen y gestionen las solicitudes de forma especializada y gratuita.
Para tal fin, desde el sindicato se ha diseñado una estrategia de comunicación, información y difusión del proceso extraordinario así como de la presentación y gestión de solicitudes tanto físicamente, desde nuestras sedes, como telemáticamente en formato digital.
Es un compromiso social compartido acabar -en la medida más amplia posible- con el borrón de la irregularidad en el modelo migratorio español y conseguir hacer este proceso lo más amplio, ágil y efectivo para facilitar el acceso a esas miles de personas a una situación de legalidad en su estatuto jurídico que normalice su situación laboral y facilite la inclusión social de la sociedad española.
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