La asociación empresarial Direbús, que representa a más de 700 empresas de transporte de viajeros por carretera en España (con más de 140 asociados en Cataluña), ha presentado una denuncia ante la Autoridad Catalana de la Competencia (ACCO) contra el Decreto Ley 5/2026, de 28 de abril, aprobado por el Govern de la Generalitat.
En la denuncia registrada el pasado viernes, el equipo jurídico de Direbús observa «existencia de distorsiones graves a la libre competencia, falseamiento del mercado y cierres anticompetitivos derivados de la prórroga de las concesiones de servicios de transporte regular interurbano de viajeros en autobús en Cataluña«.
Por tanto, solicita que la Autoritat Catalana de la Competència (ACCO) «inicie las actuaciones de investigación oportunas para determinar el alcance del perjuicio que este marco normativo genera sobre el mercado, la libre competencia y los usuarios finales«. Ya por último, le pide instar al Govern de la Generalitat a «la inmediata licitación pública, abierta, transparente y desagregada por lotes«.
Una prórroga de seis años que bloquea el mercado
El Decreto Ley 5/2026 permite ampliar las concesiones actuales hasta seis años adicionales para compensar inversiones obligatorias, como la implantación de sistemas de ayuda a la explotación (SAE) y plataformas de datos abiertos.
Direbús denuncia que estos requisitos se utilizan para beneficiar a los grandes grupos y dar continuidad a un modelo que debería haber salido a concurso a principios de los años 2000 conforme la normativa europea. Con esta norma, contratos previamente prorrogados podrían extender su vigencia hasta 2034, limitando la entrada de nuevos operadores y reduciendo la competencia en el sector.
Ante la imposibilidad de impugnar el Decreto Ley de forma directa, Direbús ha acudido a la ACCO bajo el amparo de la Ley 1/2009. La asociación denuncia que el uso del Decreto Ley protege la norma frente a los tribunales, ya que su rango de ley impide que los juzgados puedan anularla directamente, lo que limita la defensa de las pymes. Además, el Decreto Ley debe plantearse para medidas excepcionales o urgentes, que en este caso están injustificadas. Direbús impugnará cualquier resolución administrativa que se dicte en aplicación de dicho decreto.
La asociación subraya que este sistema cerrado perjudica a las pymes -cerca de un centenar solo en Barcelona- que cuentan con capacidad para operar con eficiencia. Según Alfonso Taborda, presidente de Direbús: «La modernización del transporte debe impulsarse mediante procesos competitivos y no a través de medidas que impidan la entrada de nuevos operadores«.
La organización cree que este decreto limita la competencia en el mercado catalán de transporte por carretera, que representa una anomalía, pues es un mercado que lleva desde siempre bloqueando la entrada de nuevos operadores, con concesiones administrativas que no han salido jamás a licitación desde la segunda mitad del siglo XX.
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